No lo dijo un opositor, no lo dijo un periodista ni algún adversario de la cuarta transformación.
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
En 2019 fue todavía más lejos: sostuvo que no había un “negocio jugoso” que pudiera hacerse sin el visto bueno del Presidente y que, si ocurría una gran transa, era porque el Presidente lo había permitido.
Si el Presidente se entera de todo, entonces alguien tendrá que explicar qué ocurrió con el huachicol fiscal.
Alguien tendrá que explicar cómo un secretario de Seguridad terminó acusado de encabezar una organización criminal.
Alguien tendrá que explicar cómo distintos funcionarios llegaron a posiciones desde las cuales, presuntamente, podían servir al crimen en lugar de combatirlo.
Y entonces aparece una pregunta mucho más incómoda: ¿quién manda realmente?
México ya ha vivido esta historia antes, con distintos colores, distintos discursos y distintos protagonistas.
Con el PAN tuvimos a Genaro García Luna.
Mientras Felipe Calderón declaraba una guerra contra el narcotráfico, uno de los hombres responsables de dirigir la seguridad pública del país terminó, años después, condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa y recibir millones de dólares en sobornos.
Una guerra bastante peculiar: el gobierno combatía al narcotráfico mientras el funcionario más importante en materia de seguridad ayudaba a narcotraficantes.
Con el PRI tampoco faltan ejemplos. Gobernadores perseguidos, gobernadores detenidos y gobernadores condenados. Y así podríamos continuar.
Pero luego llegó Morena, el partido que prometió acabar con todo aquello y que hizo de una frase su bandera: “No somos iguales”.
Tal vez no. Pero cada día resulta más necesario demostrarlo.
En Tabasco, Hernán Bermúdez Requena llegó a ocupar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su trabajo era perseguir delincuentes. Hoy está detenido y es señalado por las propias autoridades como presunto líder de La Barredora, una organización relacionada con actividades como extorsión, secuestro y narcomenudeo.
El encargado de combatir al crimen terminó acusado de dirigirlo.
Bermúdez llegó a ese cargo durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Entonces vienen las preguntas: ¿nadie sabía?, ¿nadie sospechaba?, ¿nadie preguntó?
Porque si algo aprendimos de López Obrador es que el gobernante, según sus propias palabras, se entera de todo.
Sinaloa, uno de los estados que más ha sufrido la violencia del crimen organizado: trata de personas, desapariciones, desplazamientos, negocios cerrados y familias enteras viviendo con miedo todo el tiempo.
Y ahora también existen investigaciones que alcanzan las partes más altas del poder político estatal.
En abril de 2026, Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios; los acusan de presuntamente colaborar con dirigentes del Cártel de Sinaloa y utilizar posiciones públicas para favorecer sus operaciones.
Son acusaciones y tendrán que probarse en los tribunales, pero no son acusaciones menores. Estamos hablando de un gobernador, de un senador, de funcionarios públicos y de señalamientos relacionados con uno de los grupos criminales más poderosos del país.
Y nuevamente aparece la frase: “El presidente de México se entera de todo”.
Luego está el huachicol.
Uno de los primeros grandes anuncios del gobierno de López Obrador fue precisamente el combate al robo de combustible. Nos dijeron que se acabaría, que ya no habría tolerancia y que ahora sí se cerraría la llave de la corrupción.
El problema es que el huachicol evolucionó. Dejó de ser solamente una manguera conectada clandestinamente a un ducto y se volvió un negocio capaz de utilizar barcos, empresas, documentos, aduanas y puertos.
En 2025, el propio gobierno informó sobre la detención de empresarios, marinos y exfuncionarios de Aduanas relacionados con una red dedicada al tráfico ilegal de combustible.
Porque mover millones de litros de combustible ilegal no es precisamente algo que pueda hacerse escondiendo unas cuantas garrafas en la cajuela. Se necesita estructura, contactos, permisos, protección y muchas personas que, por alguna extraña razón, no ven nada.
Ahí está el verdadero problema.
El crimen organizado ya entendió algo que el Estado mexicano parece tardar demasiado en comprender: es más rentable infiltrarse que enfrentarse.
¿Por qué dispararle a un policía si puedes comprarlo? ¿Por qué huir de una autoridad si puedes tenerla de tu lado? ¿Por qué temerle a una inspección si alguien puede avisarte antes? ¿Por qué combatir al gobierno si puedes entrar en él?
Eso es mucho más peligroso que cualquier convoy de hombres armados, porque un delincuente afuera del gobierno puede ser perseguido. Un delincuente dentro del gobierno puede utilizar al Estado para protegerse.
Y ahí Morena enfrenta una contradicción que ya no puede resolver hablando del pasado.
Sí, existió García Luna. Sí, existieron los gobernadores del PRI. Sí, durante décadas hubo corrupción e impunidad. Precisamente por eso Morena llegó al poder y, a 8 años de que tienen la capacidad, el control y la fuerza del Estado en sus manos, ¿qué han hecho?
Morena prometió ser distinto, terminar con esas prácticas y prometió no parecerse a quienes gobernaron antes.
Pero después de años gobernando, el argumento de “los de antes” comienza a quedarse corto, porque también existe un presente.
Y ese presente tiene La Barredora, tiene investigaciones en Sinaloa, tiene funcionarios detenidos, tiene huachicol fiscal y tiene servidores públicos bajo sospecha.
También tiene una frase que ahora resulta imposible olvidar: “El presidente de México se entera de todo”.
Quizá Andrés Manuel López Obrador tenía razón. Quizá el verdadero problema nunca fue solamente que los presidentes no supieran, sino qué hicieron cuando supieron.
Y mientras México no responda esa pregunta, habrá otra que seguirá persiguiéndonos:
¿Quién manda realmente en México?





