¿A qué nos referimos cuando decimos que Colombia es un país sin memoria?, ¿cuál es la memoria que merece ser reconocida? ¿Acaso hay una memoria que está por encima de otras memorias? Son preguntas necesarias para pensarnos como país, incluso como región, ante la llegada de la ultraderecha al poder en varios países de Latinoamérica cuya historia ha sido marcada por dictaduras, conflictos armados e intervenciones extranjeras.
En Colombia, las organizaciones de víctimas del conflicto armado, desde mujeres hasta jóvenes, han apostado a la construcción de memoria como camino hacia la reconciliación, la justicia, la reparación y la paz. Desde las tejedoras de Mampuján, que a través de los telares han narrado las violencias en sus comunidades, hasta las iniciativas de museos comunitarios de memoria como el de la Inspección de El Placer en Putumayo, hasta los alabaos de las mujeres en el Chocó: La memoria ha estado presente en la cotidianidad de las personas y sus territorios como una forma de resistencia ante el olvido, pero también como una apuesta a otros futuros posibles, futuros que se vuelven inciertos cuando las políticas de Estado buscan imponer sus propias “memorias”.
Pero esa apuesta comunitaria no ocurre en el vacío: se enfrenta a un terreno donde la memoria misma está en disputa. Elizabeth Jelin, referente en investigaciones sobre la memoria en contextos de dictadura, sostiene que la memoria es un campo en disputa constante, porque las formas de nombrar y recordar el pasado, de asignar responsabilidades y de proyectar políticas de reparación nunca son neutras: son profundamente políticas. Con la llegada de gobiernos de ultraderecha negacionistas de dictaduras y conflictos armados, esa disputa se agudiza, no solo por qué hechos nombrar y qué responsabilidad asignar, sino por imponer lo que consideran los únicos hechos válidos, desconociendo las experiencias de las víctimas y las organizaciones comunitarias.
Un ejemplo reciente ilustra esta disputa por el lenguaje. En septiembre de este año, La Silla Vacía, medio de comunicación nacional, publicó unos chats de WhatsApp que se dieron en un grupo de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras donde se recomendaba evitar la palabra campesinos y reemplazarla por “productores rurales”, así como evitar el término “reforma agraria” y expresiones relacionadas. Podría pensarse que se trata de una directriz vinculada con las comprensiones del nuevo gobierno hacia el “empoderamiento” del campesinado en Colombia. Sin embargo, en un país donde las movilizaciones sociales y las luchas por el acceso y la tenencia de tierras han sido lideradas por el movimiento campesino, estas formas de borramiento resultan sumamente preocupantes: golpean a un sector que ha enfrentado múltiples violencias y que ha construido su propia capacidad de decidir sobre sus memorias.
Nombrar a alguien como campesino o campesina es reconocer la identidad territorial que hay detrás: sus luchas y sus formas de relacionamiento social, cultural y político con la tierra. Es tan sencillo de comprender como esto: lo que no se nombra, no existe. Y el no nombrar tiene también un efecto material, no solo simbólico: allana el camino para validar intervenciones sobre sus tierras y territorios, sean estas proyectos extractivos o productivos, que de otro modo tendrían que reconocer y negociar con un sujeto político concreto: el campesinado.
Estos “pequeños borramientos” del lenguaje son políticos. Responden a un intento de construir una memoria oficial y a una desarticulación de un movimiento tan importante para el país como es el campesinado. Es de recordar las marchas cocaleras de 1996, documentadas por la Comisión de la Verdad en Colombia, siendo una de las movilizaciones campesinas más grandes en el país y donde las peticiones estaban relacionadas con el rechazo a las fumigaciones con glifosato en sus territorios, la erradicación forzada y el abandono histórico hacia sus comunidades.
Lo anterior no es un hecho aislado. Este patrón de invisibilización no se limita al campesinado ni a un intento de cambiar el lenguaje. Desde la posesión del nuevo gobierno, una institución clave como el Centro Nacional de Memoria Histórica ha orientado buena parte de sus publicaciones en redes sociales hacia la culpabilización de las FARC, llegando incluso a referirse a ellas como “terroristas”. Esto ocurre pese a que el grupo firmó un acuerdo de paz hace casi una década y a que cientos de sus excombatientes hoy le apuestan a la reincorporación y la paz. Esta selectividad no es menor: retoma la advertencia de Jelin, para quien nombrar y asignar responsabilidades nunca es un acto neutro. Cuando una institución encargada de custodiar la memoria del conflicto construye un relato de responsables únicos, no está documentando el pasado: lo está disputando, y con ello determina qué violencias se recuerdan, cuáles se olvidan y a quién se le exige reparación.
Bueno, ¿será realmente Colombia un país sin memoria? No lo creo. Nuestro país está rodeado de murales, canciones, poemas, alabaos, teatro, tantas formas de memoria que están siendo construidas por su propia gente desde todos los rincones del país. Una memoria que cada día hace frente a una imposición que quiere ser nombrada como válida y oficial, pero que encuentra una resistencia poderosa en cada acto cotidiano desde lo popular, los espacios públicos y la organización comunitaria. Porque la memoria será siempre del pueblo y será el pueblo quien la defienda.





