Andoni Ron
La Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en un actor relevante en el escenario de las relaciones internacionales desde su establecimiento en 2002. Concebida para perseguir y juzgar a los responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, entre otros. Simboliza la aspiración de un orden internacional basado en la justicia y derechos humanos, aunque su impacto y efectividad son sujetos de debate por el escrutinio de académicos y el público en general.
A pesar de sus nobles objetivos, la CPI enfrenta críticas y desafíos significativos. Una de las principales críticas es la percepción de parcialidad y selectividad de casos, investigaciones y juicios. Algunos argumentan que la CPI se ha concentrado desproporcionadamente en África, mientras que graves violaciones en otras regiones no han recibido la misma atención. Esto ha generado desconfianza y ha debilitado su legitimidad en algunos sectores.
Los procesos judiciales en la CPI se consideran ineficaces e inefectivos por ser extensos y representar un alto costo económico, prolongándose durante años hasta llegar a una resolución. Además, es cuestionado su poder de ejecución para procesar a los acusados, puesto que depende de la disposición y voluntad colaborativa de los Estados miembros. Esto ha resultado en dificultades para capturar a sospechosos de crímenes de guerra, especialmente cuando estos individuos tienen apoyo político o militar en sus propios países.
El descontento con la CPI ha sido expresado por varios países, tanto que algunos han llegado a retirarse del Estatuto de Roma (génesis de la Corte), limitando su jurisdicción y debilitando su capacidad de acción global. Por otro lado, existe un debate sobre la interferencia de la CPI en la soberanía de los Estados al juzgar a sus ciudadanos, especialmente en aquellos que no reconocen su autoridad.
Otro punto que genera controversia son los mecanismos de financiación, esa posibilidad prevista en el Art. 116 del Estatuto de Roma: “…la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades…”; debido a esta situación, el accionar de la CPI es susceptible de vicios y sus decisiones pueden ser influenciadas por presiones de grupos de interés.
El 5 de febrero de 2022 el Estado ecuatoriano ratificó el Estatuto de Roma, generando obligaciones, como: el establecimiento de un régimen procesal de cooperación con la CPI. En este sentido, la Asamblea Nacional del Ecuador tramitó el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional para exista una jurisdicción eficiente y duradera de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
Este proyecto ha despertado ciertas interrogantes y nudos críticos, como: la facultad punitiva de la CPI y el delicado tema de la extradición. En este escenario, la realidad responde a una maniobra política mayor, donde el correísmo impulsó este proyecto en el legislativo con la proyección de activar las herramientas de la CPI en este juego contra la oposición; y, sobre todo contra sus adversarios políticos, especialmente para ajustar cuentas con políticos, como: Lenín Moreno, quien les traicionó y María Paula Romo que enfrentó el estallido social de 2019. Sin embargo, no se alertaron que estas herramientas con un lobby político direccionado y especifico, puede revertirse en su contra y utilizarse contra Correa que se encuentra en Bélgica.
Es evidente que los asambleístas no consideraron estos escenarios, ni alertaron estas posibilidades. Está claro que la cooperación de CPI fue revisada desde el discurso de los derechos humanos, pero no advirtieron el grado de influencia en la política interna. En resumen, el nudo crítico de la facultad punitiva de la CPI en Ecuador reside en la delicada interacción entre la justicia internacional y la soberanía nacional, y en cómo Ecuador navega esta relación en un mundo donde la justicia para crímenes graves cada vez más trasciende fronteras nacionales.
