Autora: Ljubica Fuentes
En 2020, después de 18 años del suicidio de Paola Guzmán Albarracín, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al estado ecuatoriano como responsable de la violencia que la niña sufrió en su centro educativo en la ciudad de Guayaquil por parte de las autoridades del plantel y después, por el sistema de justicia de este país.
Esos 18 años de impunidad, constituyeron para su madre, Petita Albarracín, la lucha incansable por exigirle al mundo que reconociera una violencia que hoy, sigue siendo una pandemia invisibilizada: la violencia sexual en las aulas. A pesar de que la sentencia le exigió al estado ecuatoriano medidas de prevención y no repetición, 4 años después, Ecuador sigue en deuda con esta problemática.
Algunos ejemplos de este abandono estatal son: la falta de monitoreo y evaluación del protocolo de actuación frente a casos de violencia sexual en las aulas, la capacitación de personal de la Defensoría Pública para atención de este tipo de violencia, la ausencia de registros únicos en las instituciones educativas que alimenten el registro de denuncias del país y, sobre todo, la ausencia de data real de los procesos denunciados. Sin embargo, esta clara desatención en la prevención y erradicación, ni siquiera es el problema más grave.
Sin duda, la deuda más cruel que ha tenido el estado es no haber entendido todavía que la violencia de las niñas fácilmente es la violencia que sufren las mujeres jóvenes en otro sistema educativo aún más silenciado en el fantasma de la “autonomía responsable” y es, la violencia sexual universitaria.
Pensar este 14 de agosto, Día de la Erradicación de la Violencia Sexual en las Aulas, sin pensar en las mujeres jóvenes y las juventudes LGBTIQ+ que son acosadas constantemente en sus ambientes educativos, es seguir manteniendo la visión reduccionista que invisibiliza la interseccionalidad y el proyecto de vida de los cuerpos feminizados. Las niñas crecen, las niñas sueñan con ser profesionales… ¿qué hubiera pasado con Paola si lograba terminar su educación media? Tal vez, no habría tenido el privilegio de entrar en una universidad, como les pasa al 35% de jóvenes del país; pero si es que lograba entrar ¿qué futuro hubiera vivido? Quizá la misma violencia que acabó con su vida en 2002.
Y es que la realidad de las mujeres y cuerpos feminizados jóvenes en las aulas universitarias se ve atravesada no solo por el sexismo que les cuestiona su presencia en espacios de profesionalización, sino también por la sextorsión que entre “adultos” es aún más peligrosa porque todavía no tenemos una justicia que pueda dilucidar sobre las relaciones de poder invencibles, como la que existe entre un profesor y una estudiante.
En mi opinión, el desconocer esta realidad también responde a la cultura de la violación que permea nuestra sociedad. Seguimos manteniendo vigente el discurso del profesor que todo lo sabe, que tiene todo el poder y de las “vacas sagradas” disfrazadas de “eminencias” que rondan los pasillos de nuestras universidades. Mientras el estado tarde en reconocer que las niñas están en peligro al no tener educación sexual integral, tardará más en visibilizar que las personas jóvenes también lo están porque arrastraron esa ausencia de conocimiento hasta tener 18 años y ser olvidadas por el estado.
La transformación es urgente, no puede tomar más tiempo. Las vidas y los planes a futuro de nuestras jóvenes están en riesgo. Depende de la educación que podamos transformar esta sociedad para que no nos sigan matando; y, depende del estado, que la educación no sea nuestro primer femicida. Porque la realidad es que estamos jugando una ruleta rusa entre quienes pueden sobrevivir a este sistema violento de educación superior y quienes no. Por Paola, educación feminista ¡Ya!
