La mañana del 15 de agosto, Daniel Noboa viajaba a Alaska en un avión de lujo —Gulfstream G700— y era cuestionado por los altos costos. Esa misma noche, el país se fue a dormir con la noticia de que su pareja, Lavinia Valbonesi, había sufrido una pérdida gestacional temprana. Se anunció que las banderas nacionales estarían a media asta y se decretó luto nacional por tres días. Sin embargo, los detalles generan ruido y surgen dudas: ¿desde cuándo estaba embarazada la primera dama?, ¿por qué un embrión de no más de dos meses ya tenía género y nombre?, ¿por qué el presidente Noboa mantuvo una agenda internacional mientras la primera dama se encontraba en un quirófano de emergencia?, ¿por qué hay imágenes de ella montando a caballo durante la gestación? Muchas preguntas, pocas respuestas, y se abre el debate.
Más allá de las dudas, debemos asumir un papel humano: el presidente y su familia, antes de ser cabeza del poder ejecutivo, son padres, y la pérdida de un hijo es una tragedia personal. No obstante, Noboa sigue siendo presidente incluso en medio de su intimidad. Ellos tienen derecho al duelo, a sentirse tristes y a recibir solidaridad ciudadana. Entonces, ¿un dolor privado debería convertirse en asunto público?, ¿cómo decidimos qué dolores merecen un duelo nacional?
Es evidente que existe un trabajo de comunicación política detrás de lo que ocurre con el presidente y su gobierno: se busca un tema de identificación en vísperas de campaña electoral. Dentro del capital político aparece la empatía como herramienta, que permite visualizar al presidente en un momento vulnerable, reduciendo la distancia entre gobernante y gobernado. Se muestra que quien dirige el Gobierno es también un padre que sufre, buscando generar confianza. Sin embargo, la confianza requiere coherencia.
La credibilidad no depende solo de que la emoción sea genuina, sino de que el relato sea coherente con las acciones y valores que se comunican. Si el aparato estatal —gobierno, ministros y seguidores del presidente— pide empatía por su tragedia personal, pero ha sido indiferente ante tragedias nacionales, entonces cabe preguntarse si el dolor es mediático o si el discurso de empatía es políticamente consistente.
El luto se volvió subjetivo. Este periodo registra 305 niños asesinados por violencia criminal en el primer semestre, 1109 neonatos fallecidos en hospitales por falta de insumos médicos y más de 770 niños desaparecidos. Pero la incomodidad del gobierno surge cuando se enfoca en casos como los cuatro niños de Las Malvinas —Steven Medina, Nehemías Arboleda, Ismael y Josué Arroyo— desaparecidos por militares, y de Adriana Arroyo, hermana de ellos, asesinada a tiros; los doce bebés del Hospital Universitario de Guayaquil muertos por falta de cánulas; Nicole Kaasap Chaupi, bebé de un mes fallecida por falta de suero antiveneno y entregada en una caja de cartón; Andrew Ezequiel, de cinco años, muerto por una bala perdida; los diez niños de Morona Santiago por leptospirosis; o los tres menores de 7, 13 y 15 años asesinados el mismo 15 de agosto en Flor de Bastión.
En todos esos casos no hubo luto nacional ni mensajes de pésame. Hubo silencio. Como se leyó en redes: “Si hiciéramos tres días de luto por todos los niños que han muerto por culpa del gobierno de Noboa, se acabaría el periodo y seguiríamos de luto nacional.” La respuesta estatal llegó solo cuando la indignación se volvió internacional.
La imagen viral de una madre llorando a Nicole Kaasap Chaupi en una caja de cartón fue lo que provocó la destitución del gerente del hospital. Sin esa indignación, nada habría ocurrido. Mientras tanto, la familia presidencial recibe atención nacional por su pérdida. Un dolor se convierte en debate nacional, mientras otros se reducen a investigaciones administrativas.
Este artículo no cuestiona el derecho del presidente y su familia a llorar su pérdida, sino cómo se utiliza la política de la empatía y cómo se distribuye la atención institucional. Ninguna madre merece sufrir la pérdida de un hijo, sin importar la situación. Ninguna mujer merece que su dolor gestacional sea minimizado ni cuestionado. Pero, ¿por qué el aparato estatal pide empatía ahora, cuando tantas veces miró hacia otro lado?
La pregunta vuelve: ¿se busca empatía o capital político? Toda vida tiene valor, todo niño tiene derecho a vivir sus sueños, pero parece que la empatía pesa más si se es aliado del presidente o se lleva sus apellidos. Es irresponsable convertir una situación privada en asunto de Estado; es imprudente decretar luto nacional por una pérdida gestacional mientras decenas de neonatos mueren por falta de insumos; es inconsciente abrir un debate sobre el estado legal de una complicación de embarazo cuando los hospitales públicos no tienen recursos para más de 5000 abortos espontáneos al año.
La credibilidad del Estado se construye también a partir de lo que decide recordar. En febrero, CIEES registraba 27% de confianza en el Gobierno y más de 60% de desconfianza; en julio, otra medición reportó apenas 24% de confianza en Noboa. Cuando un gobierno enfrenta un déficit de confianza, ¿puede la exposición de su lado humano reconstruirla? La respuesta es compleja: puede generar simpatía, puede intentar empatía, pero difícilmente restablece coherencia o confianza.
El problema no es si la empatía política es falsa, sino que puede convertirse en herramienta electoral. Cuando hay brecha entre lo que el presidente comunica y lo que su gobierno demuestra, esa herramienta se transforma en un problema de credibilidad.
Para concluir: ¿queremos un gobernante que sienta o uno que parezca sentir? El presidente tiene derecho a ser padre, esposo y humano, pero al dirigir el país debe reconocer el dolor de todos los ciudadanos con la misma dignidad. El problema es que la empatía tiene jerarquías: primero se averigua el apellido, la clase social, el barrio. No debería ser así. Si el dolor de un niño se convierte en duelo nacional dependiendo de quiénes son sus padres, no estamos frente a una sociedad más empática, sino frente a una sociedad que ha convertido la empatía en herramienta de poder.
