A cinco años de la salida rápida de las fuerzas de la OTAN y la caída de la República Islámica, los talibanes celebran su poder con un discurso que aparenta madurez estatal. El anuncio desde Kabul no solo recuerda la toma de la capital como símbolo de liberación frente a extranjeros, sino que busca mostrar una política exterior orientada a normalizar relaciones. Al decir que quieren vivir en “paz y tranquilidad con todos los países” y prometer que Afganistán no será usado para atacar a otros, el régimen intenta presentarse como un Estado soberano. Pero un análisis de estos años muestra que su sistema político está lleno de contradicciones. La distancia entre lo que dicen hacia afuera y lo que hacen dentro del país no es un error pasajero, sino parte central de su forma de gobernar.
La base de su discurso internacional es que Afganistán ya no es el centro del terrorismo global. Sin embargo, en seguridad internacional lo que importa no son las promesas, sino el control real de la violencia y la capacidad de frenar a grupos armados. Aquí es donde su narrativa se rompe. Aunque dicen combatir al Estado Islámico del Khorasán (ISIS-K), mantienen vínculos con el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). La ONU ha señalado que los talibanes siguen dando refugio y apoyo a los líderes del TTP. Esto ha generado choques con Pakistán, que pasó de ser aliado histórico a convertirse en su principal enemigo en la frontera. La negativa de Kabul a frenar las incursiones del TTP ha provocado ataques aéreos y enfrentamientos que han matado a cientos de civiles, mostrando que Afganistán sigue siendo un santuario para grupos armados. Así, el Emirato pide respeto a su territorio mientras permite que dentro de sus fronteras operen facciones que desestabilizan a sus vecinos.
En política interna, el llamado a “garantizar el bienestar de la población” bajo la Sharia encubre una pacificación forzada. Según Johan Galtung, la paz puede ser negativa (ausencia de guerra) o positiva (justicia y libertades). Lo que los talibanes presentan como paz es en realidad una paz negativa extrema, basada en la represión y el silencio social. La eliminación de la constitución de 2004 y de los organismos de derechos humanos ha creado un estado de excepción permanente. La ONU ha documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y castigos públicos dictados por tribunales sin independencia. El caso más grave es el apartheid de género: Afganistán es el único país que prohíbe la educación secundaria y universitaria para mujeres, limita su trabajo, movilidad y participación pública. Pretender que un país puede prosperar excluyendo a la mitad de su población es un sinsentido. Además, la economía está en crisis: la reducción de ayuda internacional, la congelación de activos y la expulsión de millones de afganos desde Pakistán e Irán han dejado a más del 80% de los hogares en inseguridad alimentaria y deuda. La paz talibana no ha traído prosperidad, sino miseria controlada por la policía.
En el plano internacional, los talibanes buscan reconocimiento sin aceptar condiciones externas. Celebran sus vínculos y el reconocimiento diplomático, como prueba de que pueden tener relaciones basadas solo en comercio y seguridad, sin hablar de derechos humanos. Pero esta visión choca con el derecho internacional actual. Al rechazar las demandas de la ONU sobre educación de mujeres y derechos de minorías como “injerencias”, muestran una idea vieja de soberanía. Hoy la legitimidad de un gobierno no depende solo del control territorial, sino del cumplimiento de tratados internacionales. Al negarse a cambiar sus dogmas, los talibanes atrapan al país en aislamiento y crisis económica. Aunque potencias negocian por intereses prácticos, esto no significa integración plena en el sistema global. Mientras la ONU mantenga bloqueos financieros y no reconozca al gobierno, la soberanía talibana seguirá siendo incompleta.
En conclusión, la proclamada paz del Emirato Islámico no resiste el análisis. Su discurso de un país soberano y pacífico choca con la realidad de un régimen que usa la estabilidad como represión, la neutralidad como cobertura para extremistas y la ley islámica como herramienta de control social. El proyecto talibán intenta mostrar una imagen moderna hacia afuera, pero gobierna con autoritarismo y exclusión hacia adentro. Mientras la paz de Kabul signifique marginar mujeres, perseguir disidentes y mantener vínculos ambiguos con el terrorismo, su promesa de “paz y tranquilidad con el mundo” seguirá siendo un espejismo.
