Por: Alfredo Dávalos López
Las elecciones presidenciales de Ecuador en 2025 han confirmado una tendencia que desde hace varios años viene consolidándose en América Latina: la profundización de la polarización electoral. En esta contienda, el escenario político se configuró como una virtual «tercera vuelta electoral», donde Luisa González y Daniel Noboa consiguieron alrededor del 90% de los votos, dejando sin oxígeno a las terceras vías y forzando a los electores a tomar una postura clara entre dos opciones antagónicas.
Desde el inicio de la campaña, quedó claro que esta sería una elección de extremos. Las narrativas políticas no dejaron espacio para la moderación o para las alternativas centristas. El clima electoral estuvo marcado por una confrontación directa entre dos proyectos de país, dos estilos de liderazgo y dos visiones contrapuestas sobre el rumbo que debe tomar Ecuador en un contexto de crisis económica, inseguridad y desconfianza institucional.
Luisa González, respaldada por el correísmo, basó su campaña en un discurso de reivindicación social y justicia, apelando a las bases populares y a los sectores históricamente marginados. Su narrativa giró en torno al regreso de la estabilidad económica y la protección de los derechos sociales, con un fuerte énfasis en la intervención estatal y en la crítica frontal a las políticas neoliberales. Daniel Noboa, por su parte, apostó por un mensaje de modernización y orden, presentándose como una figura joven y pragmática capaz de romper con las viejas estructuras de poder. Su campaña se centró en la seguridad, la atracción de inversiones y la generación de empleo, apelando a un sector del electorado cansado de la confrontación ideológica y en busca de soluciones concretas.
Sin embargo, la administración de Noboa ha estado marcada por varios errores que han debilitado su posición de cara a la reelección. La inseguridad ha sido el talón de Aquiles de su gobierno, ya que, a pesar de las medidas de emergencia y la declaratoria de estado de excepción, los niveles de violencia y crimen organizado han continuado en aumento, afectando gravemente la percepción de estabilidad en el país. La falta de resultados en materia de seguridad ha erosionado la confianza en su capacidad para devolver el orden.
En el ámbito económico, las políticas de Noboa tampoco han logrado generar el impacto esperado. El crecimiento económico ha sido insuficiente, y la inversión extranjera no ha fluido al ritmo proyectado. Las medidas de ajuste fiscal y la falta de dinamismo en el mercado laboral han provocado tensiones sociales y un descontento creciente entre las clases trabajadoras. Además, las fallas en la gestión de crisis, como los problemas de abastecimiento de combustible y las deficiencias en la respuesta a desastres naturales, han puesto en evidencia las limitaciones del gobierno en materia de coordinación y ejecución.
El conflicto con la vicepresidenta Verónica Abad ha sido otro factor que ha complicado la gestión de Noboa y que se ha convertido en una herida política difícil de cerrar. Desde el inicio de su mandato, la relación entre Noboa y Abad ha estado marcada por tensiones públicas y descoordinación institucional. La decisión de enviar a Abad a Israel y después a Turquia fue vista por algunos sectores como una estrategia para alejarla del centro de poder, pero terminó siendo una señal de división interna que debilitó la imagen de estabilidad del gobierno. El distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta no solo generó incertidumbre política, sino que también fue aprovechado por la oposición para cuestionar la capacidad de Noboa para mantener la cohesión dentro de su propio gobierno.
En el plano político, Noboa ha enfrentado dificultades para construir consensos con la Asamblea Nacional, lo que ha provocado bloqueos legislativos y retrasos en la implementación de reformas clave. La percepción de un gobierno aislado y con escasa capacidad de negociación ha reducido su margen de maniobra política, debilitando su imagen como un líder eficaz y resolutivo.
El hecho de que ambos candidatos hayan concentrado cerca del 90% de los votos refleja no solo la fuerza de sus estructuras políticas, sino también la capacidad de movilización y polarización emocional que generaron en el electorado. El votante ecuatoriano no votó únicamente por propuestas o planes de gobierno; votó por identidad, por pertenencia y, en muchos casos, por rechazo al adversario. Las campañas se construyeron sobre una lógica de «nosotros contra ellos», donde la descalificación y la confrontación fueron herramientas recurrentes para consolidar el voto duro y capturar el voto indeciso.
La ausencia de una tercera vía competitiva también es un síntoma de este proceso de polarización. Las opciones alternativas fueron rápidamente asfixiadas por la narrativa dominante de que solo dos proyectos eran viables y que cualquier otra opción sería una pérdida de voto. Este fenómeno refuerza la idea de que, en contextos polarizados, el votante prefiere apostar por la opción que considera menos riesgosa o, al menos, más predecible dentro de un esquema binario.
El desenlace de la segunda vuelta será decidido por un margen estrecho, lo que confirma el nivel de división existente en la sociedad ecuatoriana. El candidato que logre imponerse no solo enfrentará el desafío de gobernar en un contexto político fragmentado, sino que también deberá lidiar con una ciudadanía dividida y una oposición que, al haber alcanzado casi la mitad de los votos, mantendrá una posición de fuerza y una capacidad de movilización significativa.
La campaña de 2025 en Ecuador ha sido un recordatorio de que la polarización no solo redefine las estrategias de campaña, sino que también condiciona el ejercicio del poder y la gobernabilidad futura. Quien gane, ya sea Luisa González o Daniel Noboa, lo hará por un margen mínimo, pero deberá gobernar para una sociedad partida en dos, donde la reconciliación y el consenso serán retos aún más complejos que la propia victoria electoral. Es una campaña que no se presta para errores: ganará quien cometa menos.
