México tiene algo que muchos países en el mundo desearían tener: una riqueza natural extraordinaria. Bosques, selvas, costas, mares, ríos, tierras fértiles y una biodiversidad que lo convierte en uno de los territorios con mayor diversidad biológica del planeta. Tenemos recursos suficientes para construir un país próspero y, al mismo tiempo, sostenible.
El problema es que durante décadas hemos tratado esa riqueza como si fuera inagotable.
Después de casi cuarenta años, el Gobierno Federal ha planteado una nueva legislación en materia de protección ecológica y justicia ambiental, con la intención de actualizar el marco jurídico que regula la protección de nuestros recursos naturales.
Sobre el papel, la propuesta contiene elementos que difícilmente podrían ser cuestionados: proteger a los defensores del medio ambiente, fortalecer la participación ciudadana y establecer mayores exigencias ambientales para los megaproyectos que pretendan desarrollarse en nuestro territorio.
¿Quién podría estar en contra de proteger a quienes defienden nuestros ecosistemas?
¿Quién podría oponerse a que la ciudadanía tenga mayor participación en las decisiones que afectan su territorio?
¿Quién estaría en contra de exigir que los grandes proyectos cumplan con estándares ambientales?
El problema no está necesariamente en lo que plantea la ley.
El verdadero problema está en cómo se va a cumplir.
Porque en México conocemos demasiado bien la distancia que puede existir entre lo que dice una legislación y lo que realmente ocurre en el territorio.
Una ley puede establecer obligaciones, prohibiciones y sanciones. Pero si no existen instituciones capaces de vigilar su cumplimiento, recursos suficientes para hacerlo y voluntad política para sancionar a quienes la violen, el resultado puede terminar siendo únicamente un documento lleno de buenas intenciones.
Y aquí aparece una pregunta fundamental:
¿Cuáles serán los mecanismos reales para hacer cumplir esta nueva legislación?
No basta con decir que habrá mayor protección ambiental. Hay que explicar quién vigilará, cómo se vigilará, qué consecuencias habrá para quienes incumplan y, sobre todo, qué ocurrirá cuando los intereses económicos entren en conflicto con la protección de un ecosistema.
Porque la justicia ambiental no puede depender únicamente de la voluntad de quienes tienen el poder económico o político.
El elefante en la habitación: el crimen organizado
Hay otro elemento que resulta imposible ignorar cuando hablamos de protección ambiental en México: el crimen organizado.
La destrucción de nuestros ecosistemas no ocurre únicamente a través de grandes proyectos industriales o de decisiones gubernamentales cuestionables. También existen actividades ilícitas que generan graves impactos ambientales: tala clandestina, tráfico de especies, ocupación ilegal de terrenos, extracción ilegal de recursos y actividades relacionadas con la producción clandestina de drogas.
Diversas investigaciones han documentado, además, problemas de contaminación asociados con actividades criminales.
Entonces surge una pregunta que merece una respuesta seria:
¿Dónde está, dentro de una política integral de justicia ambiental, la estrategia para enfrentar el impacto ecológico del crimen organizado?
Porque resulta contradictorio hablar de proteger nuestros bosques mientras existen regiones donde la tala clandestina continúa representando un problema; hablar de proteger nuestros recursos mientras existen actividades ilegales que los explotan; o hablar de proteger a los defensores ambientales sin preguntarnos qué ocurre con aquellos que realizan su labor en territorios donde enfrentan amenazas de grupos con capacidad de intimidación y violencia.
La protección ambiental también es un asunto de seguridad.
Y aquí es donde la discusión se vuelve mucho más compleja.
Si un grupo criminal controla una actividad económica ilegal en determinada región, ¿quién va a impedir que continúe destruyendo el medio ambiente?
Si una comunidad denuncia la explotación ilegal de sus recursos, ¿quién garantiza que sus integrantes puedan hacerlo sin represalias?
Si un proyecto incumple las normas ambientales, ¿qué institución tendrá la capacidad y la independencia necesarias para detenerlo?
Estas preguntas no son menores.
Porque una legislación ambiental verdaderamente efectiva necesita instituciones fuertes. Y necesita, sobre todo, que esas instituciones puedan actuar sin importar quién se encuentre del otro lado.
No basta con señalar al ciudadano
También sería injusto colocar toda la responsabilidad ambiental sobre la sociedad.
Sí, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Tenemos que reducir el desperdicio, cuidar el agua, evitar la generación innecesaria de residuos y entender que nuestras decisiones cotidianas también tienen consecuencias ambientales.
Pero sería un error utilizar la responsabilidad individual como excusa para evitar discutir las responsabilidades estructurales.
Un ciudadano puede separar sus residuos todos los días, pero eso no resolverá por sí solo la contaminación de un río.
Una familia puede ahorrar agua, pero eso no solucionará la sobreexplotación de un acuífero.
Una comunidad puede defender un bosque, pero no puede enfrentarse sola contra intereses económicos o criminales que cuentan con recursos muy superiores.
La responsabilidad ambiental debe ser compartida, pero no puede ser repartida de manera irresponsable.
El ciudadano tiene obligaciones, sí.
Pero el Estado también.
Y sus obligaciones son mayores porque tiene las instituciones, los recursos y las herramientas legales para actuar.
Una ley necesita dientes
Por eso, la discusión sobre esta nueva legislación no debería limitarse a celebrar que México finalmente está actualizando su marco jurídico ambiental.
Debemos preguntarnos qué tan efectiva será.
Necesitamos mecanismos claros de vigilancia.
Necesitamos transparencia en la autorización y supervisión de los megaproyectos.
Necesitamos participación ciudadana que no sea simplemente decorativa.
Necesitamos proteger realmente a los defensores ambientales.
Necesitamos instituciones capaces de investigar y sancionar.
Y necesitamos incorporar de manera mucho más clara la relación entre crimen organizado, explotación ilegal de recursos y destrucción ambiental.
Porque de poco sirve crear nuevas obligaciones si quienes destruyen nuestros ecosistemas saben que existe una posibilidad real de quedar impunes.
México no necesita únicamente leyes más modernas.
Necesita instituciones capaces de hacerlas valer.
Nuestro país posee una riqueza natural que no pertenece exclusivamente a un gobierno, a una empresa o a una generación. Es un patrimonio que hemos recibido y que, tarde o temprano, tendremos que entregar a quienes vienen detrás de nosotros.
Por eso la pregunta no debería ser únicamente cuánto podemos extraer de nuestros bosques, cuánto podemos construir sobre nuestros territorios o cuánto podemos explotar de nuestros recursos.
La pregunta debería ser:
¿Cuánto estamos dispuestos a destruir antes de entender que también estamos destruyendo nuestro propio futuro?
La nueva legislación puede representar una oportunidad importante.
Pero una oportunidad no es una garantía.
Y si realmente queremos creer que estamos frente a un nuevo comienzo en materia ambiental, entonces el Gobierno Federal tiene una tarea pendiente: explicar con claridad cómo se va a cumplir la ley, quién la va a hacer cumplir y qué ocurrirá con quienes decidan ignorarla.
Porque México ya tiene demasiadas leyes que existen en el papel.
Lo que necesitamos ahora es una legislación ambiental que tenga algo más que buenas intenciones:
que tenga dientes.
