Por: Cristina Reyes, Ing. Ambiental y Máster en Administración Pública
Antes de escribir este artículo pasé algunos días preguntándome si a lo largo de nuestra historia existiría una guerra en la que ningún lado haya triunfado. En mi búsqueda, encontré la historia de un general griego llamado Pirro, quien fue apuntalado por el pueblo de Tarento para liderar la guerra contra Roma.
Fue una batalla cerca de Ásculo donde tras un intento fallido de Pirro por conseguir la paz, se desató un ataque que dejó muertos a 6.000 romanos y 3.300 griegos. El relato de esta batalla fue recogido por varios historiadores que acuñaron la expresión de «victoria pírrica» para referirse a un triunfo conseguido con excesivos sacrificios y sin un provecho claro.
Lo sucedido en Olón el mes pasado, es quizás la primera victoria pírrica entre el medio ambiente, el desarrollo y el gobierno nacional del Ecuador. La victoria pírrica, es con lo que los ecuatorianos nos quedamos después de una crisis política-ambiental por la construcción de un conjunto habitacional en una zona costera que colinda con un bosque protector. Ni los árboles que colindaban con el estero pudieron ser salvados, ni el proyecto de desarrollo inmobiliario se llevó a cabo; ni muchas otras cosas más que analizaremos en el contexto de esta victoria sin un provecho claro.
En esta parte de mis letras, seguramente muchos empezarán a pensar: «Pero es que el proyecto inmobiliario era de la primera dama y estaba encima del bosque protector», y por supuesto que destacar esto es importante, pero por un segundo los invito a analizar lo sucedido de la siguiente manera: ¿Cuál hubiese sido el escenario si es que la constructora no le pertenecía a la primera dama? ¿Cuál hubiese sido el escenario si es que usted fuese el dueño de la constructora?
Seguramente usted, ecuatoriano de buena fe, hubiese tramitado todos los permisos para la obra, inclusive el permiso ambiental, autorización que obligatoriamente requiere un certificado de intersección de áreas y una descripción de las actividades que va a realizar. Al igual que Vinazin (o quizás con unos 6 meses más de espera), usted hubiese obtenido un certificado ambiental que le permitía cortar los árboles, rellenar el estero, construir cuatro edificios y todas las otras actividades que usted describió al solicitar el permiso y que el Ministerio de Ambiente consideró de «bajo impacto ambiental» y, por ende, procedente.
Entonces usted, campante, hubiese empezado su obra y de pronto, tan solo unas horas después, acabaría por enfurecer a más de la mitad de habitantes de Olón y estaría siendo acusado por todo el país por afectar al ecosistema del manglar.
¿Qué hubiese hecho usted en este punto? Recuerde que todos los trabajos que han empezado son legales y están completamente permitidos por el Ministerio del Ambiente. Usted no le ha faltado el respeto a la norma y se encuentra cumpliendo lo que le autorizaron al pie de la letra. ¿Se imagina ser usted el dueño de este proyecto y absolutamente de la nada ser llamado «biocida»?
Este terrible escenario es un campo de batalla labrado irresponsablemente por el Ministerio de Ambiente, para dar inicio a una batalla pírrica.
El caso de Olón es probablemente uno de los más llamativos de los últimos años en temas de preservación ambiental, unión comunitaria y activismo. Es sin duda un caso de éxito para quienes alzamos la voz por la naturaleza, quienes entendemos que conservar la vida de un bosque y de un estero es velar por las futuras generaciones. Pero ¿a qué precio estamos ganando esta victoria? ¿Al costo de que sea el mismo Ministerio de Ambiente quien autorice la destrucción de la naturaleza, y sean los ciudadanos quienes deben ponerle un paro a estas acciones? ¿Al costo de que perdamos la oportunidad de potenciar alianzas para el desarrollo de nuestras comunidades? ¿Al costo de impedir proyectos de inversión porque el Ministerio de Ambiente se equivocó y dio un certificado en vez de una licencia ambiental? ¿Al costo de que se propague el equívoco mensaje de que quienes defendemos al ambiente «impedimos el desarrollo»?
Si pensamos la historia en este plano, podemos darnos cuenta de la gravedad de las acciones cometidas por el Ministerio de Ambiente al emitir un certificado ambiental en vez de una licencia en un ecosistema tan frágil y en un sector con tan admirable cohesión comunitaria. Si caben dudas, vale mencionar que un certificado ambiental es un tipo de permiso que no requiere contratar expertos ambientales, tampoco de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y peor aún de consultar a la comunidad su opinión al respecto. Un tipo de permiso que ignora las claves del desarrollo: la integración comunitaria y la sostenibilidad ambiental.
Este mismo escenario puede ser labrado para otras oportunidades de inversión, puede ser la ficha clave, el paseo tablado o el jaque mate de inversionistas que hoy en día regresan a ver al Ecuador. Vinazin seguramente construirá su proyecto en alguna otra playa, ¿harían lo mismo otras empresas extranjeras o simplemente se resignarían e invertirían en un país donde la Ministra de Ambiente sepa que la destrucción de un bosque de Manglar tiene consecuencias devastadoras para el ecosistema?
¿Qué pasará con los siguientes proyectos de inversión que nuestro país necesita para salir adelante y que tengan un componente ambiental tan sensible como este? Pirro comentó al terminar la guerra de Vásculo; «Otra victoria como ésta y estamos perdidos».
