Por: Daniela Paz
La carrera electoral prevista para febrero de 2025 se acerca a pasos agigantados. A menos de seis meses de distancia, el fantasma de la desconexión de la clase política con la ciudadanía aparece una vez más, pero esta vez acompañado de una fragmentación y ausencia de alianzas sin precedentes. El anuncio de cerca de diecisiete precandidatos presidenciales pone de manifiesto, por un lado, la incapacidad de articular las agendas de los partidos políticos con relación a aquellas problemáticas que parecen ser obvias para todos, excepto para ellos (seguridad, desempleo y corrupción) y por otro, la falta de voluntad política para construir un solo proyecto país.
En este contexto, vale la pena preguntarse, si es que, a la luz de los factores descritos anteriormente, se puede esperar una mejora sustancial entorno a la calidad de la representación de los legisladores en la Asamblea Nacional. Para ello, seguramente será necesario un examen exhaustivo acerca de quiénes nos “representan” en el parlamento vigente, al tiempo que conviene revisar brevemente algunas estadísticas relevantes.
Detengámonos por un momento en la formación académica de los legisladores. De acuerdo con los datos arrojados por el sistema de consulta de títulos de la SENESCYT, el 14% de asambleístas no tiene títulos registrados, mientras que solo el 44% ha alcanzado formación de cuarto nivel. Pese a que no se puede asegurar que la formación académica formal garantice la calidad de la representación, sí que podría plantearse su condición de necesidad, aunque no de suficiencia. Del mismo modo, se puede observar que, de los 137 asambleístas electos para este periodo, solo el 44% son mujeres, lo que indica que no se ha logrado tener equidad en la representación ni si quiera a nivel formal.
En la misma línea, si tratamos de dilucidar una suerte de bosquejo acerca del perfil del asambleísta promedio, resultaría propicio examinar aquellos factores relacionados con la falta de transparencia. Así, por ejemplo, se pudo determinar que cerca del 27% de legisladores enfrenta o ha enfrentado algún tipo de proceso penal en contra. Entendiendo que quizá la ausencia de transparencia y de formación específica podrían ser las causas de mayor repercusión sobre la mala calidad de la representación, sería preciso cuestionarse también si el perfeccionamiento de ambos aspectos sería suficiente para una mejora sustancial, ya que alrededor del 32% de asambleístas fueron relectos del periodo legislativo 2021-2023. Nuevamente, la respuesta sería que pese a que son condiciones necesarias no serían suficientes, y es ahí donde entran otras variables en juego, como la carrera legislativa y la formación específica en el quehacer público. Pues, solamente el 41% cuenta con experiencia legislativa.
En conclusión, la calidad de la representación política en la próxima Asamblea Nacional de Ecuador dependerá de varios factores complejos que van más allá de la simple equidad de género, la formación académica o la experiencia legislativa. Si bien estas características son condiciones necesarias para una representación más efectiva, no son suficientes por sí solas para garantizar un cambio significativo. La falta de transparencia, la desconexión entre la clase política y la ciudadanía, así como la fragmentación interna en el sistema de partidos, seguirán siendo obstáculos críticos que seguramente afectarán la capacidad de los legisladores para responder a las necesidades urgentes del país. En este escenario, resulta imperativo que la sociedad civil no solo exija mayor calidad en sus representantes a las organizaciones políticas, que dicho sea de paso son los primeros llamados a garantizar la calidad de sus candidatos, sino también una reconfiguración estructural del sistema político que permita un verdadero compromiso con el bien común.
