Nos enseñaron que callar era ser cómplices y que alzar la voz era lo correcto. Pero ¿qué hacer cuando las voces que se levantan son las mismas que, a las sombras de quienes creen en la sociedad civil, son cómplices de la corrupción dentro y fuera de las gobernanzas juveniles participativas?
En la actualidad, denunciar desde los espacios de sociedad civil se ha convertido en un capricho vendido al mejor postor. La credibilidad de las víctimas se convierte en un trueque aprobado por jerarquías político-sociales que buscan un beneficio, cuando su imagen ya no genera likes y cuando sus fotos en redes se volvieron una interacción más del montón.
Sabemos que la participación de la sociedad civil es clave como herramienta base de la democracia. Sin embargo, existe un grado alto de debilidad en sus estructuras. Actualmente, la participación de figuras juveniles político-activistas de renombre alimenta una deuda silenciosa: ninguna ayuda es gratuita; el costo recae en quienes ya cargan con las desigualdades y las injusticias.
Una ex candidata a la presidencia disfrazada de género y falso feminismo, manifestando sorpresa por actos violentos que en su momento encubrió por ser la imagen estrella de “grandes congresos juveniles”. El abrazo sororo de una mujer activista que también abrazó a quien persiguió, hostigó y amenazó a otras mujeres que expusieron verdades bochornosas en una red juvenil que utilizó el título de jóvenes políticos como sinónimo del abuso de poder, la demagogia, la misoginia y la degradación de la ética en espacios que prometían ser seguros.
Es así que la denuncia se vuelve arma. Los “liderazgos” están instrumentalizando la violencia de género y el trabajo comunitario como moneda política, activando dinámicas psicosociales de estatus, victimismo estratégico y apropiación simbólica. En el presente han emergido voces en Manabí que denuncian hechos graves de violencia contra las mujeres. La gravedad de estos relatos exige rigor, escucha y justicia. Sin embargo, preocupa ver cómo una figura pública-activista femenina también convirtió esta denuncia en una plataforma política, al tiempo que descalifica a quienes no orbitan su marca personal.
En el mismo contexto, cuando la imagen de estas figuras pierde brillo dentro de redes que prometieron fama y prestigio local e internacional, reactivan un guion predecible: se presentan como víctimas solo cuando las estructuras más altas del poder estatal las excluyen o dejan de servir a sus intereses, y entonces denuncian por conveniencia. Desde la psicología social, esto se entiende a la luz de la teoría de la identidad social (Tajfel y Turner): ante la amenaza al estatus, ciertos grupos refuerzan fronteras simbólicas, explotan “victimizaciones competitivas” y usan la violencia de género como herramienta de poder y territorialización discursiva. A ello se suma la dominancia social (Sidanius y Pratto): jerarquías que se protegen apropiándose del trabajo de comunidades rurales e históricamente marginadas, invisibilizándolas o clasificándolas para capitalizar su esfuerzo sin dar crédito. El resultado es doblemente injusto: se banaliza la lucha contra la violencia y se expolia el capital simbólico de quienes sostienen, en silencio, el tejido social.
Este ciclo se refuerza por la “licencia moral”: después de gestos públicos de activismo, algunos se sienten autorizados a prácticas excluyentes; y por la “victimización competitiva”, donde distintos actores compiten por el estatus de víctima legítima para anular críticas. El saldo es corrosivo: se trivializa la lucha contra la violencia de género y se invisibiliza a quienes desde abajo sostienen procesos colectivos con resultados tangibles.
La integridad no es un atajo comunicacional: es un método de trabajo que no admite atajos. Prepárense para desconfiar de la espectacularización del dolor. La gobernanza y la participación juvenil que de verdad transforma no usa a las víctimas ni silencia a quienes hacen el trabajo duro: las reconoce, las financia y les cede el micrófono.
