Caminar hoy por las calles del Ecuador implica normalizar un paisaje que, hace apenas unos años, hubiera parecido una distopía: el camuflaje militar mezclado con el tráfico de la hora pico, tanquetas estacionadas donde deberían haber patrulleros y el fusil de guerra conviviendo con la venta ambulante. Lo que comenzó como una medida de emergencia ante el desborde criminal se ha sedimentado como la única política pública visible del Estado ecuatoriano. Sin embargo, más allá de la sensación térmica de seguridad o inseguridad, Ecuador enfrenta un problema de fondo, una inviabilidad de orden racional que los antiguos pensadores definían con una palabra precisa: Aporía.
Etimológicamente, aporía (del griego a-poros) significa “sin paso”, “sin salida” o “camino impracticable”. Se refiere a una situación paradójica donde el pensamiento racional se topa con un muro: cualquier movimiento parece llevarnos al error, y quedarse quieto es imposible. Ecuador vive hoy la aporía de una democracia militarizada: para intentar salvar al Estado de Derecho de las garras del crimen organizado, hemos recurrido a herramientas que, por su naturaleza, tensan y erosionan la lógica civil de ese mismo Estado.
La contradicción es estructural. La democracia liberal se funda en la figura del ciudadano, el debido proceso y la contención del uso de la fuerza. La lógica castrense, en cambio, se funda en la jerarquía, la neutralización de amenazas y la figura del enemigo. Al insertar la lógica de la guerra en el corazón de la seguridad ciudadana, entramos en un callejón sin salida. Si el Estado trata al crimen interno exclusivamente como una guerra, los derechos civiles se vuelven estorbos operativos; pero si intentamos aplicar una normalidad civil purista frente a carteles armados como ejércitos, la sociedad se siente indefensa.
Aquí radica la trampa de nuestra aporía actual. La militarización ha funcionado como un potente analgésico social. Nos da la impresión de que “se está haciendo algo”, de que hay autoridad. Pero, como ocurre con los analgésicos fuertes, su uso crónico atrofia la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. Mientras aplaudimos a los militares en las calles, hemos descuidado la tarea aburrida, difícil y crucial: reformar una Policía Nacional en crisis, depurar un sistema judicial permeable y construir un sistema de inteligencia criminal que no dependa de la fuerza bruta.
Hemos delegado la responsabilidad política a los cuarteles. Y eso nos lleva al punto de bloqueo: hoy parece imposible pedir que los militares regresen a sus funciones constitucionales sin sentir un vacío de poder aterrador. El sistema político ecuatoriano se ha vuelto adicto a la excepción.
¿Cómo se sale de una aporía? Sócrates no usaba estas paradojas para paralizar a sus interlocutores, sino para obligarlos a purgar sus falsas certezas y empezar a pensar de nuevo. Reconocer que estamos en un callejón sin salida es el primer paso. La “mano dura” no es sinónimo de un Estado fuerte; a menudo es la máscara de un Estado institucionalmente débil que solo sabe reaccionar.
El verdadero desafío para el Ecuador en 2026 no será cuántos efectivos más podemos desplegar, sino cómo construimos el poros, el paso de salida. La solución no es mágica ni inmediata, pasa por recuperar la institucionalidad civil: jueces que juzguen, policías que investiguen y políticos que asuman el costo de gobernar sin esconderse detrás de un uniforme verde oliva. Hasta que no entendamos esto, seguiremos dando vueltas en el mismo laberinto, armados hasta los dientes, pero sin saber hacia dónde caminar.
