Nadie entra a una facultad de Derecho con la intención de convertirse en abogado del narcotráfico. Nunca he escuchado a un estudiante decir: “cuando me gradúe quiero defender capos”. Los jóvenes llegan con ganas de justicia, con aspiraciones de prestigio, porque sus padres son abogados o porque en Ecuador las opciones parecen reducidas a ser abogado, médico o futbolista. Lo cierto es que nadie estudia para defender a los criminales. Sin embargo, cada día es más difícil ejercer la profesión sin encontrarse de frente con ellos.
Como joven ecuatoriano de 20 años, estudiante de quinto semestre de Derecho, me resulta imposible guardar silencio ante la debacle que vivimos. En las aulas nos enseñan que el Derecho es la “ciencia de lo justo”, pero la realidad golpea distinto. Los pasantes somos quienes conocemos de cerca el sistema: arrastramos los pies por las Unidades Judiciales, escuchamos a diario frases como “siguiente por favor”, “venga la otra semana”, “ya se pasó su turno”. A esto se suma la falta de papel, el desprecio al usuario y el hedor de una corrupción que ya no se oculta. Mientras los magistrados se encierran en sus despachos, el pasante ve la mano extendida del secretario y la mirada perdida del juez que ya no cree en la ley.
La escena es repetitiva: funcionarios que se turnan para tomar café en horas de trabajo, chistes que se escuchan hasta el archivo, mientras afuera la gente espera señales de que su causa no ha muerto en un cajón. La justicia se atiende como si fuera un favor personal, no un deber institucional.
En este contexto, el nombre de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, se ha convertido en epicentro de un terremoto que amenaza con derribar lo poco que queda en pie de la institucionalidad judicial. Su ascenso no fue casual: procurador de Petroecuador, director de la UAFE, llegó a la Judicatura tras la caída de Wilman Terán y anuló el concurso de jueces nacionales, prolongando una provisionalidad que desangra a la Corte Nacional de Justicia desde hace más de cinco años. El “efecto Godoy” ha arrastrado incluso a figuras consideradas probas, como el expresidente José Suing, quien terminó renunciando ante la presión interna de sus colegas.
La necrosis del sistema se evidencia en episodios como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien prefirió renunciar antes que ceder a presiones de Henry Gaibor, hombre de confianza de Godoy. El mensaje era claro: favorecer la defensa de un extranjero procesado por narcotráfico y lavado de activos. Lo más escandaloso es que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue representante legal de ese mismo acusado y en el pasado defendió a figuras como alias Fito y Rasquiña. El conflicto de interés es insoportable: no se puede presidir el órgano que administra justicia contra el crimen organizado cuando el entorno familiar juega en el otro lado de la cancha.
El juicio político contra Godoy, calificado por unanimidad en la Comisión de Fiscalización, refleja que ya no es funcional, sino un estorbo político. Pero este proceso es apenas un síntoma de una enfermedad mayor. La justicia ecuatoriana opera incompleta desde 2019, con concursos anulados una y otra vez para acomodar fichas políticas. La designación de Marco Rodríguez como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia es apenas un parche en un sistema corroído.
La conclusión es clara: la crisis no se resuelve cambiando nombres. Se necesita una depuración profunda que empiece desde las aulas, que exija excelencia en lugar de títulos comprados, y que devuelva al pasante la esperanza de que su trabajo sirve para algo más que aceitar una maquinaria de injusticia. Mario Godoy ya es historia. El Ecuador quiere despertar de este laberinto y recuperar una justicia que se parezca, de una vez por todas, a la dignidad que el pueblo exige.
