A lo largo de la historia, distintos grupos y sectores históricamente relegados han tenido que luchar por algo tan elemental como poder hablar, reclamar, denunciar y organizarse. La libertad de expresión nunca fue una concesión del poder; fue una conquista frente a quienes pretendían decidir quién podía tener voz y quién debía permanecer en silencio. Sin embargo, esa posibilidad de ser escuchado nunca ha estado distribuida de manera igualitaria. La diferencia de clase determina quién puede acceder a un medio de comunicación, contratar abogados, enfrentar al Estado o conseguir que una injusticia tenga alcance público.
Por eso las voces públicas importan. Periodistas, dirigentes sociales, estudiantes, defensores de derechos humanos, dirigentes indígenas, defensores del agua y activistas consiguen poner en el debate aquello que muchas veces el poder preferiría mantener fuera de él. Y justamente por eso incomodan. En el Ecuador actual, una de las formas más preocupantes de controlar el discurso público no necesariamente consiste en prohibir hablar, sino en hacer que hablar tenga un costo. Ese costo puede adoptar distintas formas: campañas de desprestigio, amenazas, investigaciones, sanciones, procesos judiciales, restricciones patrimoniales o exposición pública.
Lo ocurrido con la periodista Gisella Bayona evidencia la gravedad de este escenario. Después de ataques y señalamientos dirigidos contra ella y su familia, anunció el 2 de septiembre de 2026 su decisión de dejar el ejercicio periodístico. Que una profesional con décadas de trayectoria abandone su carrera en un contexto de presión y temor por su familia no puede reducirse a una disputa personal. Cuando una persona deja de ejercer su profesión por considerar que continuar puede poner en riesgo su entorno, el problema trasciende su caso particular y alcanza directamente las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión.
El mismo problema aparece en otros espacios. Guido Perugachi, presidente de la FENOCIN, enfrenta prisión preventiva dentro de una investigación relacionada con las movilizaciones sociales de 2025, mientras organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la criminalización de la protesta social. David Fajardo, defensor del agua y de la naturaleza, ha enfrentado el congelamiento de sus cuentas bancarias en el contexto de su actividad de defensa del agua y de acciones promovidas por el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Víctor Hugo Erazo, integrante de la plataforma que impulsa la revocatoria del mandato presidencial, también ha denunciado restricciones sobre cuentas de integrantes de la organización y sus familiares.
Estos casos no deben analizarse únicamente de manera individual, dado que lo preocupante es el efecto que producen sobre quienes los observan. Cuando una persona ve que denunciar, protestar, investigar o cuestionar al poder puede derivar en un proceso, una sanción, una afectación patrimonial o incluso en consecuencias para su familia, comienza a calcular el costo de ejercer sus derechos. El silenciamiento más eficaz no siempre requiere una prohibición expresa: puede producirse cuando el miedo consigue que las personas se autocensuren antes de hablar.
No es necesario perseguir a todos para generar ese efecto, pues basta con que determinados casos funcionen como advertencia para el resto. Cuando algunas personas pierden sus espacios, otras son judicializadas, otras son expuestas públicamente y otras enfrentan afectaciones económicas, el mensaje termina siendo evidente: cuestionar al poder puede tener consecuencias. El resultado es una reducción progresiva del espacio público para la crítica, la denuncia y la resistencia.
En este contexto, el caso de Aquiles Álvarez también merece un análisis jurídico serio. Más allá de la confrontación política que ha acompañado su situación, resulta necesario examinar si en los procesos seguidos en su contra se han respetado efectivamente las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, la motivación de las decisiones y los principios de necesidad y proporcionalidad que limitan el ejercicio del poder punitivo del Estado. Una resolución judicial, por el solo hecho de existir, no convierte automáticamente en constitucional cualquier medida que restrinja derechos.
Esto es especialmente relevante frente a la prisión preventiva. Su naturaleza cautelar impide que sea utilizada como una pena anticipada o como un mecanismo de presión. Toda restricción de derechos debe responder a una finalidad legítima, estar debidamente motivada y superar los estándares constitucionales de necesidad y proporcionalidad. El Estado tiene plena facultad para investigar y sancionar delitos cuando corresponda, pero precisamente porque posee ese poder debe estar sometido a límites estrictos. El Estado de derecho no se demuestra únicamente cuando el Estado persigue delitos; se demuestra cuando lo hace respetando los derechos de quienes son investigados o procesados.
Pero esto tampoco comenzó ayer. Lo que ocurre en el Ecuador no puede comprenderse únicamente desde la coyuntura electoral. Existe una disputa por el poder que atraviesa décadas y que, en el caso de la familia Noboa, está acompañada por una importante acumulación de capital económico, social, cultural y simbólico. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el poder no depende exclusivamente de la riqueza, sino también de la capacidad de construir relaciones, reconocimiento, legitimidad e influencia. Cuando esos capitales se concentran y además convergen con el poder político, las condiciones de disputa dejan de ser iguales.
A esto se suma una transformación profunda en la manera en que construimos nuestras percepciones políticas. Nuestra generación creció atravesada por los algoritmos, la propaganda y una economía de la atención que convirtió buena parte de la política en espectáculo. Tenemos acceso a una cantidad de información sin precedentes, pero también a una cantidad igualmente preocupante de desinformación. El problema ya no es solamente quién controla la información, sino quién consigue determinar qué creemos, qué rechazamos y a quién identificamos como enemigo.
Las redes sociales permiten que una narrativa sea repetida hasta adquirir apariencia de verdad. En ese proceso, la persona que cuestiona al Gobierno puede ser presentada como enemiga; el dirigente indígena, como desestabilizador; el defensor del agua, como obstáculo; el estudiante que protesta, como agitador; y el periodista que investiga, como opositor. Así, la discusión política deja de concentrarse en argumentos y propuestas y comienza a centrarse en deslegitimar personas. La discrepancia deja de entenderse como una condición propia de la democracia y empieza a tratarse como una amenaza.
Mientras tanto, la realidad material del país es deplorable. El patrimonio declarado de Daniel Noboa pasó de aproximadamente USD 643.848 en mayo de 2023 a USD 3,55 millones en agosto de 2026, lo que representa un incremento del 452 %, mientras millones de ecuatorianos enfrentan graves carencias en salud, educación, empleo, seguridad y acceso a oportunidades. La contradicción resulta difícil de ignorar, pues mientras determinadas estructuras concentran cada vez mayor capacidad económica, política y comunicacional, una parte importante de la población continúa enfrentando precariedad, falta de oportunidades e inseguridad. A esta realidad se suma una preocupación todavía más grave, el hecho de que quienes reclaman por estas condiciones también puedan enfrentar consecuencias por hacerlo.
Ese es el verdadero problema. No solamente que determinadas personas puedan ser silenciadas, sino que el resto de la sociedad aprenda a callarse antes de hablar. Cuando el ejercicio de la libertad de expresión, la protesta, la denuncia o la crítica comienza a percibirse como una actividad de riesgo, la afectación deja de ser individual. Se deteriora la capacidad colectiva de exigir rendición de cuentas y, con ella, una condición básica de cualquier democracia: que el poder pueda ser cuestionado sin que el ciudadano tenga que calcular primero las consecuencias personales de hacerlo.
Una sociedad democrática no puede sostenerse únicamente sobre la existencia formal de elecciones e instituciones. También necesita ciudadanos capaces de disentir, denunciar y exigir respuestas sin temor. Cuando el miedo empieza a determinar quién habla y quién calla, el problema ya no es solamente la libertad de expresión: es la calidad misma de nuestra democracia.
