Hay preguntas que aparecen después de observar una realidad durante mucho tiempo. Esta es una de ellas. En comunidades, escuelas, espacios de participación y procesos organizativos he visto cómo el desconocimiento de nuestros derechos puede traducirse en silencio, incertidumbre o desventaja. No porque las personas no quieran informarse, sino porque pocas veces se nos enseña que conocer nuestros derechos también forma parte de ejercer una ciudadanía responsable.
Desde pequeños aprendemos cuáles son nuestras obligaciones: respetar reglas, cumplir responsabilidades y responder por nuestros actos. Sin embargo, rara vez recibimos la misma formación para comprender nuestros derechos, participar en los asuntos públicos o saber a qué instituciones acudir cuando enfrentamos una situación injusta. Pareciera que aprender a ser ciudadanos es algo que debemos descubrir por nuestra cuenta, muchas veces cuando el problema ya está frente a nosotros.
Con el paso de los años he llegado a una conclusión que considero importante: la ciudadanía también se aprende. No basta con que nuestros derechos estén reconocidos en leyes y tratados; también necesitamos conocerlos, comprenderlos y saber cómo ejercerlos de manera responsable. Una ciudadanía informada no solo protege sus propios derechos; también fortalece a sus comunidades y participa con mayor conciencia en las decisiones que afectan el bien común.
Vivimos en un país con una amplia protección jurídica de los derechos humanos. La Constitución reconoce libertades fundamentales y existen instituciones y mecanismos diseñados para proteger a las personas cuando sus derechos son vulnerados. Sin embargo, un derecho que no se conoce difícilmente puede ejercerse plenamente. El problema no siempre es la ausencia de normas; muchas veces es la distancia que existe entre esas normas y la vida cotidiana de la gente. Esa distancia se hace evidente cuando una persona enfrenta un acto de discriminación, un conflicto laboral, una afectación ambiental o una decisión que impacta a su comunidad. Es entonces cuando comienzan las preguntas: ¿qué derechos tengo?, ¿qué dice la ley?, ¿a dónde puedo acudir?, ¿quién puede orientarme? En muchos casos buscamos respuestas cuando el problema ya está encima, y no antes.
Creo que ahí existe una oportunidad que pocas veces discutimos. Conocer nuestros derechos no debería ser una reacción ante la injusticia; debería formar parte de nuestra formación como ciudadanos. Así como aprendemos matemáticas, historia o ciencias, también deberíamos aprender a identificar las instituciones públicas, comprender los mecanismos de participación y saber dónde encontrar información confiable cuando la necesitamos.
Conocer nuestros derechos tampoco significa vivir buscando conflictos o convertirnos en especialistas en leyes. Significa desarrollar herramientas para tomar decisiones informadas, dialogar con argumentos y participar con mayor responsabilidad en los asuntos que afectan nuestra vida y la de nuestras comunidades. La información, cuando es accesible y comprensible, también protege.
Pienso especialmente en las comunidades rurales y en los pueblos indígenas, donde muchas veces el acceso a la información sigue siendo desigual. No porque falte interés, sino porque históricamente las oportunidades para conocer y ejercer ciertos derechos no siempre han llegado de la misma manera. Sin embargo, esos territorios también poseen una enorme capacidad de organización, solidaridad y aprendizaje colectivo. Fortalecer esas capacidades mediante el acceso a la información puede hacer una diferencia importante para afrontar los desafíos del presente y del futuro.
En ese camino, instrumentos como el Acuerdo de Escazú nos recuerdan que el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales son pilares de una democracia más abierta y de un desarrollo más justo. Estos principios no pertenecen únicamente a especialistas o autoridades; también forman parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadano que desea involucrarse de manera responsable en los asuntos públicos.
Estoy convencido de que una ciudadanía informada beneficia a toda la sociedad. No solo porque conoce mejor sus derechos, sino porque también comprende sus responsabilidades, participa con mayor conciencia y contribuye a construir comunidades más fuertes, dialogantes y preparadas para enfrentar los retos que vienen.
Tal vez la pregunta ya no sea por qué conocemos nuestros derechos cuando más los necesitamos. Tal vez la verdadera pregunta sea cuándo decidiremos conocerlos antes de necesitarlos. Porque los derechos no fueron creados únicamente para consultarlos cuando atravesamos una crisis. También existen para ayudarnos a construir una sociedad más consciente, participativa y solidaria. Y quizá ese sea uno de los aprendizajes más importantes que podemos compartir entre generaciones: que una ciudadanía informada no solo transforma la vida de una persona; también fortalece el futuro de toda una comunidad.
