En 2014, Samuel Moyn expresaba la necesidad de que los derechos humanos ganaran mayor articulación y movilización política. Para ese autor, los constantes desafíos geopolíticos y las crisis del sistema internacional requerían un cuerpo mucho más robusto que pudiera contender en la política, la arena de conflicto y lucha constante por el poder. En ese sentido, el reto fundamental era encontrar una justificación política de los derechos humanos, una que fuera más allá de evocarlos como meras prerrogativas morales o normativas de carácter universal.¹
A más de diez años de distancia, me parece que aumentar el marco de justificación, legitimación y efectividad de los derechos humanos es más que necesario. La política internacional de la última década ha traído retos de respeto al derecho internacional y a los sistemas de cooperación, los cuales son parte del modelo tradicional de evocación de los derechos humanos. Estos desafíos operan de forma simultánea. Por ello, me parece fundamental conocer los efectos que tienen sobre la justificación de los derechos humanos.
Por un lado, la proporción de democracias en el mundo cede terreno a los gobiernos con rasgos autoritarios y regímenes restrictivos de las libertades políticas —donde son de especial interés los populismos, los cuales relativizan el discurso de los derechos humanos—. Durante la década de 1990, el mundo entero y en especial América Latina vivieron procesos de democratización y descentralización. El espacio público se fortaleció con la promoción de la pluralidad política, lo que en términos de derechos humanos significó la formación de demandas especializadas y la creación de instituciones tendientes a su materialización. No obstante, estos espacios se limitan cada vez más. Los gobiernos de corte populista llevan a la erosión democrática gradual y a la limitación del espacio democrático. Los discursos criminalizantes contra poblaciones específicas, el retroceso legislativo en el reconocimiento de libertades individuales o colectivas y la transformación del panorama institucional son ejemplos en torno al constreñimiento del espacio cívico.
Por otro lado, el regreso de la política internacional depredadora —sostenida en los intereses nacionales de Estado— cuestiona la funcionalidad del derecho internacional en áreas sustantivas para la protección de las personas. Los conflictos armados han desafiado al derecho internacional. Ahí donde el derecho procuraba reivindicar a las personas y las comunidades en el centro de los comportamientos estatales, el regreso de una política entre los Estados unitarios vuelve patente las brechas de cumplimiento. La guerra en Ucrania, el genocidio contra el pueblo palestino, las incursiones contra la soberanía de los países y las guerras regionales ponen en el centro la política basada en la razón de Estado, es decir, aquella en la que la moral del sistema se basa en la supervivencia soberana y la preservación de los intereses nacionales en términos de poder. Una política de securitización aumenta los costos de la cooperación internacional y restringe los espacios de protección para las personas.
Finalmente, el debilitamiento y ataque contra los sistemas de cooperación y vigilancia de los derechos humanos desestabiliza el régimen de responsabilidad internacional para la protección y promoción de la dignidad humana. Se apela a nuevos arreglos institucionales para resolver estas crisis (v.g. el Board of Peace como una alternativa a la fallida gestión de las Naciones Unidas es tan solo un argumento), lo que debilita las arquitecturas existentes y relativiza aún más su efectividad. Además, si bien la existencia de un andamiaje normativo e institucional sigue siendo fundamental para imputar responsabilidades a los Estados, la realidad es que existe un renovado ímpetu por la soberanía nacional que desmarca el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Son ejemplos de lo anterior la priorización de las políticas punitivas por encima de modelos de justicia restaurativa, los regímenes de asedio jurídico y de represión política, el abandono de los compromisos climáticos y la eliminación de instituciones democráticas o autónomas que ofrecen garantías para la protección de los derechos fundamentales. Incluso en las evaluaciones periódicas de los tratados internacionales y de los casos bajo jurisdicción, los Estados rechazan, con base en la afirmación del derecho doméstico, la emisión de informes y resoluciones que dictan recomendaciones y sentencias de derechos humanos.
Como podemos concluir, el derecho internacional y los mecanismos de gobernanza y cooperación no bastan ya para hacer valer el cumplimiento y garantía de los derechos humanos. La impronta por una articulación y movilización política se vuelve imprescindible para mantener la promesa de la dignidad humana. Sin embargo, ¿cómo podemos repensar los derechos humanos desde un carácter político que haga frente a la distorsión democrática, el conflicto y las tendencias ultrasoberanistas? Frente a la posibilidad de perder la utopía de los derechos humanos, la impronta es trabajar la cultura política y fortalecer la agenda pública.
La primera implica socializar los valores de la dignidad humana como una convicción y creencia fundamental para el desarrollo de gobierno. Configurar la libertad, la justicia y el Estado de derecho son parte de la cultura política. Sin embargo, su fortalecimiento se consigue únicamente mediante la participación del cuerpo político. La preferencia política por los derechos humanos significa apelar de manera constante a la transformación del espacio público y las instituciones de gobierno a partir de estos valores compartidos. Por supuesto, como referí, el principal desafío está en superar las narrativas de polarización social y criminalización de poblaciones particulares, para lo cual es esencial generar información veraz con disposición de diálogo.
Lo anterior lleva a la segunda necesidad. Una agenda pública significa movilizar la acción de gobierno hacia la atención de demandas. Requiere problemas focalizados, coaliciones de actores comprometidos (estatales y no estatales) y el estudio de los costos e intereses existentes en la arena política para lograr cambios en el statu quo. Para los derechos humanos, la agenda pública exige transformar las disposiciones del derecho y los principios morales universales en demandas articuladas, del mismo modo que exige la vinculación de las coaliciones y sus demandas en los foros políticos, es decir, tanto en las sedes legislativas como en los espacios de gobierno y discusión de las principales instituciones internacionales (el Consejo Económico y Social, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las oficinas de vinculación con la sociedad civil en las instituciones regionales de derechos humanos, etc.).
Tanto la cultura política como la movilización de la agenda pública son procesos de iteración. Con cada repetición en la formulación de las demandas se logra la atención política y el aumento de la convicción por los valores fundamentales. La legitimidad de los derechos humanos, así como su efectividad, se construye y reconstruye por medio de dichas repeticiones. Por supuesto, la prueba será lograr que esta justificación por iteración prevalezca frente a las tendencias de los valores soberanistas que relativizan la prioridad de proteger a las personas y las comunidades. Sin embargo, ninguna apuesta en política viene sin desequilibrios y ninguna solución es automática. Los derechos humanos son una apuesta de todos los días que debe sobreponerse en la arena política.
Referencia
Moyn, Samuel. Human Rights and the Uses of History. Verso Books, 2014.
