Queridos lectores, sostengo firmemente que, cuando un país recurre a toques de queda, lo que está en juego no es únicamente la seguridad, sino también la forma en que un país entiende y negocia sus libertades. Ecuador atraviesa hoy un momento particularmente delicado, donde la necesidad de recuperar el orden convive con una pregunta más compleja: ¿Hasta qué punto las medidas excepcionales pueden convertirse en la respuesta para acabar con la inseguridad?
Para muchos ciudadanos, el toque de queda representa un alivio. En medio de una realidad marcada por el miedo, la violencia y la incertidumbre, ver calles más tranquilas y una mayor presencia del Estado genera una sensación —aunque sea temporal— de que tenemos todo bajo “control”. En ese sentido, no se puede desconocer que estas medidas tienen una advertencia: desarticular a quienes nos roban la paz y tranquilidad todos los días. Negar esto sería minimizar una realidad que, para muchos, se vive con angustia diaria.
Sin embargo, el debate no debería quedarse en la superficie de lo inmediato. La verdadera discusión comienza cuando se analiza la sostenibilidad de estas decisiones. El toque de queda actúa como un mecanismo de contención, pero no necesariamente como una solución estructural. Es, en muchos casos, una respuesta que “amaga” la crisis que lleva años gestándose en este país.
Aquí es donde la conversación se vuelve más relevante, para mí, y quizás más incómoda. ¿Qué sucede cuando una medida excepcional empieza a percibirse como normal? ¿Estamos ante una estrategia de seguridad del Plan Fénix o frente a un síntoma de que el gobierno no está logrando responder con la profundidad que el problema requiere? Estas preguntas no buscan deslegitimar la acción del Estado, sino ampliarla hacia un análisis más completo.
Desde mi perspectiva, uno de los puntos más importantes es la actuación de los tres poderes del Estado en conjunto. Sin una reestructuración de la ley, cualquier medida de control puede perder efectividad con el tiempo. No se trata únicamente de la presencia policial o militar en las calles, sino de lo que ocurre después: procesos judiciales, sanciones, reincidencia y percepción de impunidad.
Si las leyes no logran adaptarse a la complejidad del contexto actual, el esfuerzo operativo corre el riesgo de quedarse incompleto. Esto implica necesariamente endurecer el sistema de forma estratégica y alineado a velar por los derechos de los ecuatorianos honestos: quienes viajan —con miedo— todos los días a trabajar, los que tienen sus negocios con su esfuerzo y tienen que pagar una “vacuna”, los que han sido secuestrados, asesinados por defender sus derechos, por este país que se vive desangrando todos los días. Es por ello que la coherencia entre la acción en territorio y la respuesta institucional es clave para que cualquier política de seguridad tenga impacto real.
Esto nos lleva a un punto fundamental: la confianza. La ciudadanía no solo necesita sentirse protegida, necesita confiar en que las decisiones que se toman responden a una estrategia clara y sostenida en el tiempo. La percepción de seguridad no se construye únicamente con medidas restrictivas, sino con resultados visibles, consistencia institucional y transparencia en la gestión.
El riesgo de no abordar este debate de manera abierta es caer en una lógica simplista donde la seguridad se mide únicamente por la ausencia de movimiento en las calles. Pero un país en silencio y paralizado no siempre es sinónimo de una sociedad más segura. Puede ser, también, una señal de que el problema ha sido contenido, pero no resuelto.
Por eso, más que tomar una postura absoluta a favor o en contra, el desafío está en reconocer que, en ciertos contextos, las medidas excepcionales pueden ser necesarias, pero también entender que su efectividad depende de lo que las acompañe. El toque de queda no debería ser el punto final de la estrategia, sino, en todo caso, una parte de un proceso más complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin las leyes endurecidas seguiremos paralizados por aquellos que nos quieren a su merced.
Ecuador se encuentra en un momento en el que las decisiones de hoy tendrán implicaciones a largo plazo. La forma en que se gestione esta crisis definirá no solo los niveles de seguridad, sino también la relación entre el Estado y el pueblo. Mantener ese equilibrio entre “protección” y libertad es, quizás, uno de los mayores retos que tenemos.
Al final, la discusión no es simplemente si el toque de queda funciona o no. La verdadera pregunta es si estamos construyendo un sistema capaz de sostener la seguridad más allá de las medidas temporales. Porque la tranquilidad duradera no debería depender de un horario, sino de instituciones que respondan con eficacia, coherencia y visión de futuro. Ecuador necesita cortar el mal de raíz, y para ello, es necesario actuar.
