“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, sentenció alguna vez Abraham Lincoln, recordándonos que el poder reside en la voluntad ciudadana y no en las élites ni en las consignas de barricada. Hoy, el Perú se encuentra en una encrucijada que pone a prueba la solidez de esta premisa, enfrentando una de las elecciones más reñidas y fragmentadas de la historia republicana reciente.
La naturaleza de la segunda vuelta electoral en nuestro país es, por definición, una instancia de mayoría simple donde “el último voto cuenta”. A diferencia de otros sistemas de la región, como el de Ecuador donde se requiere un 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos en la primera vuelta para evitar el balotaje, el sistema peruano obliga a los dos candidatos más votados a medirse en una contienda final sin umbrales mínimos de legitimidad de origen. Esta dinámica ha llevado a que los dos finalistas actuales sumen apenas el 29.21% de los votos válidos de la primera vuelta, dejando a más de dos tercios del electorado en la orfandad de una representación directa.
La polarización que hoy asfixia al país es el reflejo de una fractura geográfica e ideológica profunda. Por un lado, Keiko Fujimori y su plan “Perú con Orden” proponen la consolidación del modelo de economía social de mercado, centrando su narrativa en la disciplina fiscal, la inversión privada y un “shock” de seguridad ciudadana mediante el uso de inteligencia artificial y la construcción de megapenales. Sus defensores ven en ella la garantía de estabilidad y el respeto a la independencia de instituciones clave como el Banco Central de Reserva (BCRP). Sin embargo, sus detractores temen el retorno a prácticas autoritarias del pasado y una gestión cuestionada por procesos judiciales pendientes.
En la otra orilla, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú plantean un cambio de rumbo radical. Bajo una visión de “izquierda democrática” y “eco humanista”, su programa busca la ruptura con el modelo primario-exportador, la renegociación de contratos de recursos estratégicos y la implementación de un sistema tributario progresivo. Si bien su discurso apela a la inclusión de los sectores rurales históricamente marginados, el costo fiscal de sus propuestas y la incertidumbre que genera su postura frente a la gran minería plantean serios desafíos para la estabilidad económica nacional.
Es imperativo señalar que el plan de gobierno de Roberto Sánchez presenta características marcadamente estatistas y una vocación autoritaria que no debe ser soslayada. Su propuesta de establecer un “Estado de Socialismo Andino Amazónico” y la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución sugieren un deseo de refundar el país desde un control centralizado que debilita el rol del sector privado y la libertad de empresa. Resulta especialmente alarmante su postura frente a la autonomía del BCRP, habiendo manifestado su intención de remover a su actual presidente por considerarlo alineado con intereses transnacionales, lo cual vulneraría la predictibilidad monetaria que ha blindado al país durante décadas, postura que, debido a su gran populismo, para esta segunda vuelta cambió de forma repentina.
Y, de igual forma, resulta especialmente preocupante el viraje oportunista observado en la recta final de la campaña. A pocos días de la segunda vuelta electoral, Sánchez presentó un segundo plan de gobierno denominado “Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad de la Nación Peruana”, intentando moderar su discurso para “encajar” con la opinión pública y atraer a sectores de centro. Esta maniobra, que el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) calificó como inválida al reconocer solo el plan original, deslegitima a sus votantes iniciales que apostaron por una propuesta de ruptura y revela una falta de coherencia programática preocupante.
Existe, además, una grave contradicción en el discurso de Sánchez. Mientras se autoproclama como un defensor de la democracia y llama a esperar los resultados oficiales con “serenidad”, su entorno y aliados políticos han recurrido a una narrativa de “fraude preventivo” y han amenazado con promover una “marcha para hacer respetar el voto del pueblo” y una especie de “toma de Lima” si el escrutinio final no les favorece. Esta actitud revela un respeto condicionado a la institucionalidad: la democracia solo es válida si Sánchez gana. El uso de movilizaciones masivas hacia la capital para “resistir” las impugnaciones de los votos rurales es una táctica de presión política que pone en jaque la paz social y deslegitima el proceso electoral ante los ojos del mundo.
La verdadera prueba de fuego de nuestra democracia es el respeto incondicional a la elección popular y la aceptación pacífica de los resultados, por más que la victoria del oponente genere un profundo rechazo en el otro extremo del espectro político. Debemos volver a la cita inicial de Lincoln: si el gobierno ha de ser del pueblo, no puede estar sujeto a las amenazas de “tomas” o revueltas ante la insatisfacción aritmética de las urnas. Proteger el sistema democrático implica entender que este no garantiza que gane nuestra opción preferida, sino que garantiza que el traspaso de poder se dé bajo el amparo de la ley y no bajo el estrépito de la violencia política.
