Llegué con expectativa, con curiosidad y también con una sensación profunda de estar entrando a un espacio histórico. Era la primera vez que participaba en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) o, como decimos en nuestra lengua, «shuara tsawantri».
Al entrar a la «Casa Grande» o «kaya jea», en shuar chicham, de la nacionalidad shuar, en Sucúa, Morona Santiago, la asamblea tenía un propósito claro: escuchar el informe de actividades del Consejo de Gobierno para el periodo 2023-2026, el informe económico y la jornada cerraría con un evento sociocultural. Desde la creación de la Federación en 1964, estos encuentros han representado más que un trámite administrativo: han sido espacios donde se conversa el rumbo político, territorial y espiritual del pueblo shuar.
El sábado 31 de enero de 2026 debía marcar un momento importante. Esperábamos la elección del nuevo presidente. Sin embargo, para sorpresa de los asistentes, la elección del nuevo directorio no constaba dentro de la agenda oficial del día, aunque muchos ya teníamos conocimiento previo gracias a la convocatoria.
Hay que tener en cuenta que el declive político del expresidente David Tankámash no surgió de un solo hecho, sino de una acumulación de decisiones que generaron malestar en las bases. Uno de los momentos más infamemente recordados fue su participación en el PDAC, la mayor feria minera internacional, el 4 de marzo de 2024 en Toronto, Canadá, junto al presidente Daniel Noboa, sin una consulta previa a las comunidades.
¿Puede un dirigente representar al territorio sin escuchar primero al territorio?
Tras esa controversia, Domingo Ankuash, un conocido líder anti-minero, asumió como presidente interino y convocó a nuevas elecciones. La mayoría de la gente shuar, defendiendo su autonomía, retiró el respaldo a Tankámash, pero dadas las divisiones internas del momento, Domingo Ankuash no obtuvo el respaldo mayoritario.
El 28 de mayo de 2025 observé, a través de un video difundido en medios comunitarios alternativos, cómo más de 200 policías ingresaron a la sede de la FICSH sin presentar un documento de disposición. Desde entonces, Tankámash permaneció en la Casa Grande y su cercanía con algunas empresas transnacionales y con el gobierno nacional empezó a hacerse visible en distintas convocatorias.
Mientras tanto, desde mi territorio en la Asociación Shuar de Bomboiza, el descontento crecía. El malestar fue especialmente fuerte cuando Tankámash firmó un aval que permitió a un socio de Bomboiza vender territorio a un mestizo. Esto, a pesar de que, según las normativas de la federación, el territorio colectivo shuar solo puede ser vendido entre socios de la misma.
Entonces surge otra pregunta inevitable: ¿Quién decide sobre la tierra: el dirigente o la comunidad?
El día de la asamblea el ambiente era tenso. Aproximadamente 50 guardias indígenas, entre hombres y mujeres, algunos encapuchados y varios portando lanzas pertenecientes a la Fundación Sin Fronteras (FSF), organización que ofrece capacitaciones en seguridad privada y primeros auxilios, custodiaban el espacio. Su imponente presencia llamaba la atención y había rumores de que habían sido pagados por el gobierno.
No era la imagen de un encuentro comunitario tranquilo. Era más bien una escena cargada de vigilancia.
Cuando se anunció la constatación del quórum, comenzaron los abucheos: «¡Que hablen los presidentes y síndicos!».
La discusión giró rápidamente hacia el estatuto. Desde la mesa directiva se defendía que el periodo debía ser de cuatro años, similar al periodo de la presidencia nacional. Sin embargo, otros recordaban que la costumbre histórica ha sido renovar autoridades anualmente y que la asamblea, máxima autoridad del pueblo shuar, tiene la facultad de modificar la agenda convocada por el directorio.
El debate fue intenso. Abogados profesionales discutían normas jurídicas mientras síndicos y presidentes de asociaciones defendían la práctica comunitaria. Ellos eran quienes tenían voz y voto según el estatuto vigente.
Otros muchos mayores, jóvenes y observadores permanecíamos bajo el techo lateral o detrás de los cercamientos, mirando lo que sucedía con nuestra Casa Grande y con el futuro de nuestra nacionalidad.
Y ahí apareció una contradicción difícil de ignorar. Se hablaba constantemente de unidad del pueblo, pero físicamente el espacio estaba dividido.
¿Quién tiene derecho a gobernar?
Durante la asamblea se escuchó hablar a un grupo de “profesionales del derecho”. Uno de ellos, tras ser abucheado y volviéndose hacia la asamblea general, defendió sus palabras diciendo que él «hablaba desde la normativa y no desde el sentimiento», dejando en claro que no todas las opiniones de los presentes eran iguales.
Entonces me pregunté:
· ¿Desde cuándo la palabra del territorio necesita un título para tener legitimidad?
· ¿En qué momento comenzamos a jerarquizar el pensamiento comunitario?
La disposición espacial lo decía todo: la mesa directiva elevada, las autoridades arriba, el resto abajo y muchos en calidad de “observadores”, como fue mencionado por el propio Tankámash al acallar abucheos.
Si la asamblea es la máxima autoridad, ¿por qué algunos solo observan y otros deciden?
Lo que vivimos no es solo un problema interno. Refleja tensiones más grandes: entre lo moderno y la tradición, entre representar al pueblo y decidir junto al pueblo, entre los títulos profesionales y la sabiduría propia.
La estigmatización hacia quienes no son profesionales debería preocuparnos a todos. Porque cuando se deja de escuchar la voz de la comunidad, no solo se debilita una organización indígena; también se debilita la nacionalidad, más impactante aún si recordamos que se trata de la primera organización indígena de su tipo en América Latina y la más grande de la Amazonia ecuatoriana.
Pero también debemos preguntarnos algo más profundo. En el Ecuador no se promueve verdaderamente una educación intercultural bilingüe que fortalezca nuestras raíces y nuestras formas propias de gobernar. Lo que predomina sigue siendo una educación eurocentrista, desinterés o la no intención real del Estado de responder a la realidad educativa de un país plurinacional.
Así, se termina formando profesionales que conocen teorías externas, pero que pocas veces aprenden a escuchar a sus comunidades. Profesionales que, sin darse cuenta, terminan defendiendo intereses elitistas antes que las necesidades del territorio.
Entonces la pregunta vuelve a aparecer: ¿La educación está formando líderes para el pueblo o autoridades alejadas de él?
A pesar de los problemas, la Casa Grande de la nacionalidad shuar sigue resiliente. Permanece en pie gracias a la memoria colectiva de sus bases, que aún creen en sus estructuras organizativas. Pero también se mantienen las preguntas abiertas, ahora dirigidas al nuevo presidente y para el periodo 2026-2028.
Nuestra generación necesitará respuestas firmes frente a los desafíos del futuro. Para ello, será indispensable comprender y reflexionar sobre cuáles son las razones por las que, como nacionalidad shuar, estemos divididos entre profesionales y no profesionales.
Cuando dejamos de reconocernos como una sola familia dentro de nuestra federación, no solo debilitamos la organización: nos acercamos peligrosamente a la fragmentación de nuestra identidad colectiva y a la desaparición de las estructuras que durante décadas han dado continuidad a la vida política y comunitaria de nuestra nacionalidad shuar.
