Hace poco leía un artículo ecuatoriano publicado en 2024 en la revista indexada Centro Sur, escrito colaborativamente por egresados de la Universidad Nacional de Chimborazo. Dicho artículo reflexionaba sobre cómo el arte urbano ha transitado de la criminalización al reconocimiento como manifestación cultural democrática. Esta temática me causó interés porque, de cierta forma, atraviesa mi reciente exhibición digital disponible en el sitio web de UPC Cultural: “Transitando por Latinoamérica: arte urbano, pueblos e historias”. Así pensaba en la noción de que las manifestaciones del arte callejero no solo existen, sino que disputan su existencia. Que cada muro intervenido es, también, un campo en tensión.
A partir de ello, me agrada hacer referencia a la noción de “muros en disputa”, no como una idea abstracta ni como un concepto que pueda resolverse en el plano teórico. Me refiero a algo que ocurre en la calle, en lo cotidiano, en el trayecto diario donde una pared intervenida irrumpe sin pedir permiso. Ahí, en ese gesto, el arte urbano mediante sus diversas manifestaciones artísticas deja de ser decoración y puede convertirse en una forma de participación política.
Durante mucho tiempo se ha intentado encasillar el arte urbano en una discusión binaria: si es embellecimiento o vandalismo, si es cultura o delito. Esa tensión no es casual. Es parte de un proceso más amplio en el que ciertas expresiones visuales son aceptadas cuando decoran, pero rechazadas cuando incomodan. Así aparece la criminalización, no necesariamente por el acto de pintar en sí, sino por lo que se pinta y lo que eso representa en el espacio visible.
Por ejemplo, recuerdo una idea de mi amigo, el poeta zapoteco Luis Gustavo Cruz, quien comparaba la intervención urbana con un “desastre natural”. Puede sonar exagerado, pero describe bien su efecto: un muro pintado provoca. Puede emocionar, molestar, incomodar o ser ignorado, pero siempre genera una reacción. Y es en esa reacción donde aparece su dimensión política: quién se siente representado, quién se siente interpelado y quién decide que esa imagen no debería estar ahí.
Esto sucede porque lo político ocurre en lo cotidiano, en la forma en que se organiza lo visible: en quién tiene derecho a ocupar el espacio, a narrar su historia, a dejar una marca. El arte urbano interviene precisamente en ese terreno, el de la representación, y al hacerlo participa en la creación de debates públicos orientados a despertar conversación entre los transeúntes o miembros de una comunidad.
Una pared no es solo una superficie. Es un lienzo callejero donde se produce sentido. Cuando una imagen aparece en el trayecto diario, en una avenida, en un mercado, en la esquina de un barrio, altera la experiencia del tránsito y del paisaje urbano. Una frase, un mural o un símbolo gráfico pueden detenerte, incomodarte o acompañarte. Y en ese momento el arte está participando en la creación de debates públicos.
Esto también nos obliga a revisar qué entendemos por “espacio público”. En términos sencillos, tradicionalmente se define como un lugar de libre tránsito regulado por una autoridad, pero esa regulación implica decisiones: qué se permite, qué se borra, qué se promueve. Esto nos lleva a reconocer que el espacio público no es neutral, sino un campo donde existe un poder político que administra lo que puede ser visible o no. Inclusive, ese control administrativo se extiende a intervenciones urbanas que ocurren en muros privados que han sido cedidos o simplemente ocupados.
En esos espacios, el arte urbano funciona como un lenguaje accesible e inmediato, que no requiere mediaciones institucionales. Y es justamente esa accesibilidad la que lo convierte en una herramienta de participación política. No porque represente una ideología específica, sino porque interviene en el terreno donde se construyen, o se fortalecen, para bien o para mal, las percepciones, los imaginarios y las jerarquías culturales de una localidad.
Esa dimensión se hace evidente cuando observamos qué imágenes son aceptadas y cuáles son rechazadas. Por ejemplo, en una conversación que tuve hace algunos años con la artesana y grabadora quechua Gloria Quispe, surgía una reflexión clave: ciertos símbolos de los pueblos originarios pueden ser celebrados como ornamento, pero se vuelven incómodos cuando aparecen en contextos de protesta. La criminalización, entonces, no siempre apunta al acto de pintar, sino al contenido que desafía el orden visual establecido.
Lo mismo ocurre en distintos territorios de Latinoamérica. En Valparaíso, por ejemplo, las paredes funcionan como espacios de diálogo donde conviven memorias y luchas de temporalidades diversas. En Bogotá y Cali, los muros narran resistencia, protesta, migración y denuncia. En São Paulo, el pichação evidencia cómo la marca territorial puede convertirse en una forma radical de visibilidad. Y en Argentina, las calles siguen siendo un espacio de afirmación identitaria mapuche, incluso frente a la invisibilización histórica.
Por lo que he podido conocer tras conversaciones y proyectos con artistas con autoidentificación a un pueblo originario o afrodescendiente, desde sus propuestas muralísticas comunitarias hasta expresiones más cercanas al grafiti o al stencil, aparece una constante: pintar es una forma de existir en el espacio público. Es trasladar memorias, muchas veces orales, al plano visual. Es hacer visibles historias que no siempre tienen lugar en los circuitos oficiales.
Reducir el arte urbano a decoración, o criminalizarlo sin matices, es desactivar su potencia de transmisión cultural. Es negar que en esas imágenes se están jugando debates sobre identidad, memoria, desigualdad y pertenencia.
Mi experiencia me hace afirmar que, en Latinoamérica, las paredes hablan, siempre que el transeúnte tenga la vocación de detenerse a ver los mensajes. Y muchas veces dicen lo que el poder preferiría silenciar.
Los muros están en disputa, no solo como superficies intervenidas, sino como espacios donde se define quién o qué puede aparecer, qué historias se cuentan y qué formas de habitar son posibles.
Porque, al final, la pregunta no es solo quién pinta un muro. La pregunta es quién tiene derecho a ser visible en él.
