Otavalo carga hoy con una realidad dolorosa y paradójica. Habitamos uno de los territorios más simbólicos del norte del Ecuador, dentro del Geoparque Mundial Imbabura reconocido por la UNESCO, y al mismo tiempo presenciamos el deterioro progresivo y constante de dos de sus cuerpos hídricos más importantes: el Lago San Pablo, o Imbakucha, y el río El Tejar. No solo está en juego un paisaje: está en juego la salud de las comunidades, la memoria ecológica del territorio, la vida o extinción de especies nativas y la coherencia de un modelo de desarrollo que, mientras promociona infraestructura, turismo y patrimonio, ha permitido que se normalicen descargas, omisiones y respuestas institucionales tardías.
El caso de Imbakucha, más conocido como Lago San Pablo, marca un antes y un después en la justicia ambiental ecuatoriana. En 2025, tras la labor del colectivo “Unidos por la Pachamama” (principalmente los señores Dr. Franklin Hermosa, David Andrade y Rodrigo Castro), un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos dentro de una acción de protección tramitada en Otavalo.
A partir de ese proceso, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica sancionó al Municipio de Otavalo y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) con una multa equivalente a 51 salarios básicos unificados, es decir, USD 23.970, luego de inspecciones técnicas y análisis de laboratorio que confirmaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, incumplimientos bacteriológicos y presencia de coliformes, aceites y grasas. Además, se dispusieron medidas de remediación y un plan de acción urgente para reactivar infraestructura fuera de servicio y evitar nuevas descargas al lago.
La gravedad del caso no radica solo en la multa, sino en que la sanción confirma algo que las comunidades, colectivos, ciudadanos y académicos vienen denunciando desde hace más de cinco años: la contaminación de Imbakucha no es un accidente aislado, sino la consecuencia acumulada de negligencias institucionales. Cuando un lago debe llegar a los tribunales para que el Estado admita que ha sido vulnerado, el problema ya dejó de ser técnico y se volvió ético, político y constitucional.
El reconocimiento del lago como sujeto de derechos obliga a pensar en restauración, prevención y participación real, no en respuestas cosméticas. Y, sin embargo, la respuesta pública sigue siendo insuficiente e ineficiente. En febrero de 2026, la propia Alcaldía de Otavalo convocó una reunión ampliada para la gestión del Lago San Pablo. La convocatoria por redes sociales existió, pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿ha existido una participación amplia, informada y sostenida de las comunidades directamente afectadas? ¿Estas comunidades tienen acceso integral a la comunicación mediante redes sociales? ¿Se está construyendo un plan integral de remediación con cronograma, metas, financiamiento, monitoreo independiente y rendición pública de cuentas?
La evidencia pública disponible muestra escasas publicaciones, anuncios, reuniones y llamados a la corresponsabilidad, pero no permite concluir que exista todavía una solución estructural y plenamente transparente a la altura del daño denunciado.
Esto importa porque Imbakucha no es un espacio marginal: es un lago central en la vida cultural, económica y ecológica de Imbabura. Sus parroquias y comunidades dependen del lago (San Rafael, Eugenio Espejo, San Pablo del Lago, Gonzales Suárez, La Compañía, entre otras).
En el portal oficial del Geoparque Imbabura se identifica al lago como uno de los principales cuerpos de agua del territorio y se le atribuye 583 hectáreas de superficie. Varias investigaciones académicas han documentado que el lago recibe aportes de múltiples afluentes y presta servicios ecosistémicos a comunidades kichwas Otavalo de su entorno. Al mismo tiempo, se advierte la escasez histórica de estudios y el deterioro de especies y dinámicas ecológicas. Ese contraste entre valor patrimonial y abandono material debería escandalizarnos mucho más de lo que hasta ahora ha escandalizado.
La dimensión ecológica del problema también es profunda. Un estudio académico reciente sobre el estado trófico del Lago San Pablo estableció puntos de muestreo en zonas con focos de contaminación, mostrando que la presión sobre el ecosistema no es retórica sino medible. A ello se suma la investigación etnoictiológica de la Universidad Central del Ecuador, que documentó cambios en la composición de especies y presiones sobre la biodiversidad local, incluyendo la situación de varias especies de peces nativos y la alteración de los servicios ecosistémicos del lago. Hablar de contaminación, por tanto, no es solo hablar de agua turbia: es hablar de pérdida de equilibrio ecológico, de afectación a cadenas biológicas y de erosión del vínculo histórico entre las comunidades kichwas y el lago (Miranda, 2020).
A esto se suma un hecho actual y especialmente preocupante: el uso turístico, productivo y recreativo del lago convive con advertencias ambientales serias. El Lago San Pablo ha sido históricamente un referente para actividades acuáticas y deportivas en Otavalo, incluso con eventos tradicionales de travesía (el cruce del Lago San Pablo, característico de las fiestas del Yamor) y navegación (Club Náutico de San Pablo del Lago, hosterías y negocios turísticos locales que ofrecen actividades acuáticas). Por esta razón, la falta de información pública clara y suficientemente difundida sobre riesgos sanitarios y niveles de contaminación expone a residentes y visitantes a una relación engañosa con el agua: un cuerpo hídrico que sigue promocionándose por su belleza y valor recreativo, pero cuya situación ambiental exige un principio de precaución mucho más firme y la ansiada actuación de las autoridades involucradas.
Un ejemplo revelador ocurrió en enero de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa participó en Otavalo en una carrera de 10 kilómetros y posteriormente ingresó al Lago San Pablo junto a su equipo. Esto no debe leerse como una anécdota política, sino como una muestra de cómo la falta de información clara, señalización preventiva y comunicación pública responsable puede convertir al lago en un espacio de exposición para turistas, visitantes y ciudadanía que desconocen los riesgos ambientales y sanitarios existentes.
El problema, además, no termina en Imbakucha. El río El Tejar confirma que Otavalo enfrenta una crisis hídrica más amplia. En el proceso judicial 10282-2024-00138, la justicia reconoció al río El Tejar como sujeto de derechos y declaró la vulneración de derechos por parte del Municipio de Otavalo y de EMAPAO, ordenando medidas de reparación y descontaminación. Reportes periodísticos y comunicados institucionales posteriores coinciden en que el caso se relaciona con descargas directas de aguas servidas en sectores críticos, particularmente en El Batán. Dicho en otras palabras: el patrón vuelve a repetirse. Primero la contaminación se vuelve paisaje; luego la denuncia ciudadana se vuelve litigio; finalmente la sentencia obliga a las autoridades a hacer lo que debió hacerse antes.
Las autoridades han informado avances en El Tejar, incluyendo la eliminación de algunas descargas directas. Es importante reconocer cualquier mejora real. Pero una cosa es cerrar puntos críticos de descarga y otra muy distinta restaurar integralmente un río urbano vulnerado por años que desemboca en otros afluentes cantonales. La propia cobertura reciente sobre el caso muestra que existen plazos judiciales y exigencias de seguimiento todavía en curso. Por eso, más que celebrar prematuramente, nos corresponde exigir indicadores verificables sobre calidad del agua, frecuencia de monitoreo, destino final de las aguas redirigidas, cronograma de infraestructura, presupuesto ejecutado y control ciudadano.
En ambos casos aparece un mismo problema de fondo: la remediación ambiental no puede reducirse a mingas, campañas de sensibilización o actos simbólicos. Esas acciones pueden sumar, pero no sustituyen la responsabilidad principal de los gobiernos locales en saneamiento, tratamiento de aguas residuales, control de descargas y transparencia institucional.
Cuando la contaminación alcanza la magnitud suficiente para activar acciones constitucionales y sanciones ambientales, la narrativa de que “el cuidado es tarea de todos” no puede utilizarse para diluir obligaciones estatales concretas. La corresponsabilidad ciudadana existe, sí, pero no reemplaza el deber institucional de prevenir el daño. Estas son, sin duda, las prioridades de Otavalo, pero resultan incómodas para agendas políticas centradas en la candidatización.
También es necesario recordar lo incómodo. Si una multa por contaminación será finalmente absorbida por recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a preguntar quién asume políticamente el costo de este daño. La sanción existe para reparar y disuadir, pero cuando el peso económico recae sobre el presupuesto municipal, el riesgo es evidente: que pague la comunidad mientras la cadena de omisiones administrativas queda difusa. Esa tensión vuelve indispensable discutir quién tiene la responsabilidad administrativa, el seguimiento a los funcionarios y las obligaciones de cumplimiento que no terminen descargándose, otra vez, sobre quienes ya soportan la contaminación.
Otavalo e Imbabura tampoco pueden olvidar el marco mayor en el que esta crisis ocurre. El Geoparque Mundial Imbabura fue reconocido precisamente por su valor natural, geológico, cultural y educativo. Ese reconocimiento internacional de la UNESCO supone una promesa de conservación, educación y desarrollo sostenible. Permitir el deterioro de un lago emblemático y de un río urbano bajo ese mismo territorio significa fracturar esa promesa. No se puede sostener un discurso de orgullo territorial mientras los cuerpos de agua que le dan sentido a ese territorio mueren a la espera de una restauración seria.
Como activista y voz territorial, creo firmemente que este no es un debate menor ni un reclamo sectorial. Es una discusión sobre el tipo de provincia que queremos ser. Sobre si aceptaremos que los lagos y ríos sean convertidos en receptores de negligencia hasta que una sentencia los haga parcialmente visibles. Sobre si la ciudadanía será llamada solo para la foto en redes sociales, o realmente incorporada en procesos de vigilancia, consulta, información y remediación. Sobre si las comunidades indígenas, rurales y urbanas que han convivido históricamente con estos afluentes serán tratadas como protagonistas o como espectadoras tardías. Y, sobre todo, sobre si seremos capaces de defender aquello que todavía puede regenerarse.
Imbakucha y El Tejar ya hablaron en los juzgados porque durante demasiado tiempo no fueron escuchados en el territorio. Hoy el país debe escucharlos. El Lago San Pablo y el río El Tejar no son solo cuerpos de agua contaminados: son sujetos de derechos, símbolos vivos de una región y termómetros morales de nuestras instituciones y ciudadanía. Ecuador debe conocer esta problemática no para conmoverse por un momento, sino para exigir la remediación integral, el monitoreo independiente, la participación vinculante y el cumplimiento real y puntual de las sentencias. Lo contrario sería admitir que en este país incluso la naturaleza solo obtiene atención cuando está al borde del colapso.
