La célebre consigna ”¿En qué momento se jodió el Perú?” —epígrafe de Conversación en la Catedral— retumba hoy como interrogante existencial. Vargas Llosa usó ese cuestionamiento para retratar el Perú ochenio de Odría (1948-1956), describiendo un régimen donde “la profunda corrupción … irradiaba desde el centro del poder hacia todos los sectores e instituciones, envileciendo la vida entera”. Al leer estas líneas, el lector contemporáneo advierte que, si bien los escenarios han cambiado, el Perú vuelve a verse enfrascado en una trama de cinismo gubernamental que degrada la convivencia pública. El escritor buscaba entonces explicar la decadencia del país, y su pregunta introvertida, cargada de melancolía literaria, abre hoy el ensayo de otra crisis: la de estos últimos años, cuando la república parece atragantada con sus propias grietas institucionales.
La volatilidad resultante ha llevado a Perú a tener siete presidentes y dos disoluciones irregulares del Congreso en pocos años, situación que Ponce (2023) atribuye a la debilidad partidaria endémica. En ese caos político, un partido político supo aprovechar el desequilibrio de poder para vacar a Kuczynski, precipitar la llegada de Vizcarra y desencadenar una cascada de crisis institucionales. Los mecanismos constitucionales han dejado de ser moderadores de los conflictos y se han convertido en armas cargadas: vacancias y disoluciones son ahora maniobras tácticas, no garantías democráticas. Cada nuevo enfrentamiento político hace temblar los cimientos de la república, y la sucesión constante de gobiernos erosiona la continuidad de las políticas públicas.
La literatura especializada subraya abrumadoramente esta fragilidad: “la fragmentación partidaria y la debilidad del sistema representativo” son una realidad notoria en el Perú contemporáneo. Sin partidos consolidados, cada proceso electoral genera alianzas amañadas y gobiernos endebles en sus bases congresales. En ese escenario, el presidencialismo choca siempre con un Legislativo disperso, lo que imposibilita políticas de largo aliento y obliga a pactos efímeros. La fragmentación histórica de las organizaciones políticas se traduce, pues, en vacíos de autoridad y en que las élites se sienten inmunes al control público: la desconfianza ciudadana crece mientras los actores políticos no consiguen articular consensos mínimos.
Además, el abuso de instrumentos constitucionales ha sido intolerable. La vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” —un pretexto vago introducido en 1993— ha sido aplicada con tal laxitud que analistas advierten su uso como un “control político sin causa justificada”. Esto ha conferido al Congreso un poder desproporcionado para destituir al Ejecutivo sin necesidad de delitos comprobados, algo inaudito en sistemas presidenciales normales. A su vez, se han ensayado autogolpes parlamentarios: cuando Vizcarra disolvió el Congreso en 2019 para evitar su segunda vacancia, la confrontación escaló; en 2023, la estrategia del Congreso con Dina Boluarte fue similar. El resultado es un círculo vicioso: el texto constitucional se dobla ante la lucha de poderes, y cada uso arbitrario de esos mecanismos desconcierta a la ciudadanía.
La secuencia de hechos dramáticos lo confirma. En 2020 Vizcarra fue destituido tras un proceso de investigación por corrupción (Caso Moquegua); en 2022 Castillo fue desplazado tras su disolución del Congreso, abriendo paso a Dina Boluarte. Al final de 2025, su vacancia marcó la salida de la sexta presidenta en menos de diez años, obligando al Perú a nombrar su séptimo gobernante desde 2016. Ni los observadores internacionales podían creerlo. Como señaló Infobae, el país aparecía descrito como “una democracia atrapada en una crisis política crónica, con instituciones debilitadas”. Un análisis periodístico resumió 2025 como un año caracterizado por “inestabilidad institucional, programas públicos fallidos, liderazgos cuestionados y conflictos sin resolución sostenida”. Es un retrato del caos cotidiano en el que vivimos los peruanos, donde cada día parece escribir un capítulo más de la fractura nacional.
Todos estos desbordes han corroído la legitimidad del sistema. Estudios recientes hablan de una emergente “democracia clientelar capturada” en el Perú, un régimen híbrido donde la corrupción se ha convertido en regla estructural. En esa forma de gobernar, “la corrupción se consolida como principio estructurante del ejercicio estatal”. El intercambio político se basa en favores particulares, no en programas de Estado, y el cinismo se normaliza como modo de hacer política informal. Bajo esta lógica, la ciudadanía se fragmenta en redes definidas por capital social o vínculos clientelares antes que por afiliación partidaria, y así se quiebra el contrato social que da sentido a la democracia. Cuando el Estado se percibe como un botín de facciones, la confianza popular se desvanece.
Todo el fenómeno tiene raíces culturales e históricas arraigadas. Como sugiere el propio Vargas Llosa al referirse a su pasado, en el Perú la corrupción ha sido crónica desde hace mucho. Tras episodios de violencia política, gobiernos de facto y traiciones sucesivas, muchos peruanos interiorizaron que la autoridad suele doblar la ley. La transición democrática post-fujimorista dejó instituciones formales con poca autoridad moral; los mandatarios del siglo XX solían alternar entre autoritarismos pragmáticos y discursos populistas. En ese contexto, reclamar legitimidad a golpe de normas no resulta fácil: el desencanto está instaurado desde hace décadas. La memoria colectiva acumula decepciones que van del terrorismo de Sendero Luminoso a los escándalos de Odebrecht, pasando por golpes de Estado, lo que agiganta la pregunta vargasllosiana: el Perú se hunde cada vez que aparece un nuevo jefe, lo que da la impresión de un círculo vicioso histórico.
En definitiva, aquella pregunta no es un mero eco de la literatura; es una invitación a la autocrítica. Este ensayo, siguiendo su espíritu, no pretende respuestas fáciles, sino conciencia profunda del problema. El Perú actual se enfrenta a un precipicio institucional, pero la posibilidad de revertir la historia no está vedada. Reconstruir la confianza pública exige reinventar la escena política: esto implica fortalecer partidos con bases reales, redefinir el uso de la Constitución para que vuelva a ser guía y no garrote, y cimentar un pacto social más amplio que las luchas de baja política. Solo así la nación podrá dar un momento de regeneración institucional a la vieja interrogante. La historia, sin duda, continúa escribiéndose; quedará por ver si nuestro país logra, tras este oscuro capítulo, responder con una página de reforma y coherencia democrática.
